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La ‘todopoderosa’ concretera Boylam de Ibagué acaba de ser sancionada por invadir terrenos que el Estado tiene reservados para el desarrollo del proyecto vial Girardot – Ibagué – Cajamarca, como lo denunció el pasado 15 de septiembre ELOLFATO.COM. (Ver: Boylam, invasora y contaminante pero nadie se atreve a tocarla)
Después de la revelación periodística, la Dirección de Espacio Público de la Alcaldía de Ibagué inició un proceso que concluyó con una multa de $193.305.000 en contra de la firma la sociedad Boylam E.U., representada por Óscar Berbeo, exconcejal y compadre del alcalde Luis H. Rodríguez, y de la que también es socio Jorge Alexander Pérez, contratista de la Unidad Deportiva de la calle 42. (Ver: Los millonarios negocios del compadre del alcalde con el contratista de la Unidad Deportiva de la 42)
Según la resolución 1254 del 30 de noviembre, Boylam fue declarada responsable de ocupar irregularmente un área de 617.10 metros cuadrados, que reclama la concesionaria San Rafael, desde de marzo de este año.
La concesionaria había advertido que “el día 16 de marzo de 2015, abusiva, arbitraria y en franca invasión al espacio público, personal adscrito a la planta la procesadora de concreto Boylam(…) procedió a hacer uso de la zona de exlclusión de manera irregular generando riesgo para los usuarios del proyecto por el depósito de escombros, causado por el desplazamiento de volquetas que salen del predio en contraflujo, y que a su vez arrojan residuos de materia orgánica y material de arrastre, procedente del cargue y descargue sobre la vía”. (Ver documento concesionaria San Rafael)
El caso estuvo ‘parado’ seis meses en la Alcaldía de Ibagué y sólo se reactivó en septiembre, cuando se hizo público la ocupación ilegal de esta controvertida empresa.
Boylam decidió tomarse irregularmente la zona de exclusión del proyecto de la doblecalzada Girardot – Ibagué – Cajamarca, montó un cerramiento e instaló unos contenedores azules que fueron habilitados como oficinas.
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Los vecinos sí respetaron esa área, como por ejemplo el colegio cristiano Casa de Vida, que está justo al lado de la planta de concreto, y que ha venido denunciando las presuntas faltas ambientales y la supuesta violación del POT por parte de esta empresa.
Pero curiosamente para Cortolima, es más riesgoso para el sector la presencia de la institución educativa, en la que estudian 70 niños, que la planta de concreto Boylam, y por eso pidió el traslado del colegio que viene denunciando a la concretera de Óscar Berbeo y Jorge Alexander Pérez. (Ver: Con resoluciones ‘exprés’, Cortolima favorece a concretera de político y pide traslado de colegio)
Sobre la millonaria sanción impuesta contra Boylam, cabe recurso de apelación, informó una fuente de la Secretaría de Gobierno de Ibagué.
