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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, presentó un nuevo esquema de trabajo articulado con todos los departamentos del país para consolidar un modelo integral de resocialización de los adolescentes y jóvenes que han infringido la ley.
De acuerdo con la directora general del Icbf, Karen Abudinen Abuchaibe, este nuevo modelo se instauró en los comités regionales, de sistema y de responsabilidad penal para adolescentes, que ahora no sólo cuentan con mejor infraestructura física sino con una estructura institucional para garantizar el éxito de todos los procesos.
“Ahora no solo contamos con mejor infraestructura física, sino con una estructura institucional regional, para garantizar el éxito del proceso, dando cumplimiento a los máximos preceptos legales de la finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: su carácter pedagógico, restaurativo y protector”, manifestó Abudinen.
Las infraestructuras físicas de los centros de atención para los jóvenes, en las que funcionará el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente, Srpa, según la directora, se están adecuando gracias a la alianza que tiene el Icbf con la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, para adelantar 17 obras a nivel nacional con una inversión de $41.000 millones.
Actualmente, el Srpa, atiende un total de 11.883 adolescentes, de los cuales 3.843 de ellos están privados de la libertad en los Centros de Atención Especializada (CAE).
Los 8.040 jóvenes restantes cuentan con medidas no privativas de la libertad, pero deben prestar servicio social en sus comunidades y asistir a los centros de protección donde trabajan en reforzamiento escolar y acompañamiento psicosocial.
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“Estamos convencidos que estos jóvenes merecen una segunda oportunidad y por eso celebramos que, de ahora en adelante, con el acompañamiento permanente del Icbf, todas las regiones mejorarán el modelo de atención y les brindarán las oportunidades para reorientar su vida”, expresó Abudinen.
Asimismo, hizo un llamado a las familias, como núcleo protector de los adolescentes, para que brinden apoyo y acompañamiento a los jóvenes, y así evitar la deserción escolar y el involucramiento a grupos al margen de la ley o las conductas delictivas por parte de estos.
Por otra parte, la directora del instituto reiteró la solicitud a los gobernadores y alcaldes del país para que prohiban la venta y manipulación de pólvora, y refuercen las medidas para controlar este mercado.
“Hay que evitar a toda costa que la pólvora llegue a manos de nuestros niños. Si los padres o cuidadores permiten que eso ocurra, su negligencia puede ocasionar daños irreversibles para la vida de estos”, agregó.
