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El contrato que pretende adjudicar el Ibal para atender las emergencias que se presentan en las redes del acueducto de la ciudad, por $2.482.755.711, cada vez tiene más sombras.
Primero, fueron las graves denuncias que hicieron más de 10 proponentes en las que advirtieron que el pliego de condiciones estaba ‘amarrado’ con requisitos extraños que terminarían favoreciendo a uno de los interesados. (Ver: Fuertes cuestionamientos a proceso de contratación que adelante el Ibal por más de $2.400 millones)
El Ibal admitió la falta y eliminó algunos requerimientos, como por ejemplo, que el contratista tenía que tener experiencia en la ejecución de proyectos similares, pero en capitales con una población superior a los 400.000 habitantes.
El proceso avanzó y solo se presentaron tres oferentes. El gerente del Ibal, Alberto Girón, designó a tres personas de su entera confianza para evaluar las propuestas. Ellos son: Tirso Bastidas, asesor jurídico externo del Ibal; Harold Rodríguez Sánchez, director operativo, y Luz Marina Yara, jefe de la sección de contabilidad e impuestos de la empresa.
Dicho comité evaluador dejó como virtual ganador al oferente Jorge Iván Riaño Jaimes, quien casualmente es conocido en la ingeniería local como el ‘zar’ de los contratos de emergencias del Ibal. Riaño obtuvo 100 y superó al consorcio ML RL, que logró 95 puntos, y al consorcio acueducto 2017, que alcanzó 90 puntos. (Ver: Acta de evaluación)
Sin embargo, los evaluadores pasaron por alto que el oferente Jorge Iván Riaño estaría inhabilitado para participar en esta licitación debido a que el sistema de gestión del calidad de la empresa determina que si un contratista obtiene, al finalizar su contrato, una calificación inferior a tres puntos, no podría concursar en nuevos procesos por un periodo similar al tiempo de ejecución del proyecto que tuvo a su cargo.
El contrato que inhabilitaría al virtual ganador
Riaño está enredado, precisamente, por el contrato para la atención de emergencias de las redes de acueducto del Ibal, que también se ganó en junio de 2015 a través del consorcio R2, por $1.616.544.000.
Ese contrato tenía un plazo de ejecución de siete meses, pero se extendió a 15 meses y el valor -igualmente- aumentó de manera importante. Pasó de costar $1.616.544.000 a $2.424.250.316.
Pero el problema no está en que el contratista terminó demorándose el doble en la ejecución del contrato y cobrando más de lo que se pactó. No.
El lío está en la evaluación que recibió de parte del jefe de acueducto del Ibal, Juan Carlos Núñez, quien como supervisor del contrato calificó al contratista con 1.8, por las problemas que se presentaron en la entrega de los informes, la calidad de los materiales, la sostenibilidad de la obra y el pago oportuno de la seguridad social del personal que empleó.
La resolución 0802, de noviembre de 2014, dice que los contratistas del Ibal serán evaluados, de manera conjunta, por el supervisor del contrato y el interventor externo, y que si la calificación es inferior a tres no podrá participar en futuros procesos contractuales.
En este caso puntual, resulta que la firma interventora, el consorcio Interobras 2015, hizo su trabajo solo hasta el 21 de enero de 2016, pero el contrato emergencias terminó hasta el 17 de septiembre de ese mismo año. (Ver: Acta de liquidación del contrato de la interventoría)
Lo que quiere decir que el Ibal, irregularmente, ejecutó un millonario contrato de obra sin ningún tipo de interventoría durante ocho meses. El interventor, como no estuvo hasta el final del proceso contractual, sencillamente no emitió su evaluación.
El supervisor del contrato, el ingeniero Juan Carlos Núñez -quien es empleado de planta del Ibal-, entregó su calificación, la cual fue notificada el 12 de diciembre de 2016, vía correo electrónico.
Viviana Rangel, profesional jurídica del Ibal, fue la encargada de escribirle al contratista Jorge Iván Riaño que ante su calificación de 1.8: «Usted no podrá ser tenido en cuenta en futuros procesos contractuales con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, por un término igual al plazo total de su contrato, es decir, 15 meses, lo anterior conforme a los criterios de reevaluación de proveedores debidamente documentado en el sistema de gestión de calidad». (Ver: Notificación del Ibal al ingeniero Riaño)
Después, en otro documento titulado «control de términos», la misma funcionaria le informó: «Hoy 20 de enero de 2017, se deja constancia que el día 19 de enero de 2017 se venció plazo para controvertir el informe de reevaluación de proveedores del del Ibal (…) Revisado el correo [email protected] no se encontró solicitud de información, reclamación o controversia alguna al respecto, por lo que las partes guardaron silencio. Por lo anterior, el resultado de la reevaluación queda en firme«.
¿Quieren desconocer la evaluación para dejar ‘vivo’ a Riaño?
Ante esta situación, los directivos del Ibal andan desesperados buscando, al parecer, lanzarle un ‘salvavidas’ al contratista Jorge Iván Riaño.
Prueba de ello es que el abogado Tirso Bastidas, asesor externo del Ibal, le dijo a ELOLFATO.COM que la calificación de Núnez es personal y no de la empresa. Razón por la cual no hay una sanción en firme.
«No lo calificó la empresa, lo califica el supervisor y falta la otra calificación, la del interventor, y de ahí se saca el ponderado», respondió el asesor e integrante del comité evaluador.
Pero la supuesta evaluación del interventor no existe, porque no hubo interventoría en los últimos ocho meses de ejecución del contrato.
Fernando Campos Urrea, representante del consorcio Interobras 2015, responsable de la interventoría, le confirmó a esta redacción que el Ibal le acaba de solicitar que entregue la evaluación del contratista Jorge Iván Riaño.
Campos aseguró que está analizando con sus asesores jurídicos si entrega o no la calificación.
La urgencia del Ibal genera muchas sospechas y una pregunta: ¿Buscan que el interventor entregue su calificación para subirle el promedio y habilitar a Riaño?
La estrategia de Riaño
Paralelamente, el contratista Jorge Iván Riaño interpuso una acción de tutela en contra del jefe de acueducto del Ibal, Juan Carlos Núñez, con el propósito de tumbar su calificación.
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Núñez respondió la tutela ante el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, a través de su apoderado Luis Felipe Aranzalez, uno de los abogados que ha hecho serias observaciones en la licitación para adjudicar el contacto de emergencias de 2017.
Aranzalez explicó que no representa a ningún oferente y que accedió a representar al ingeniero Núñez al notar que las directivas del Ibal no le ofrecen garantías al empleado, en un proceso que -para él- está viciado.
«La razón por la cual él (Núñez) busca un apoderado externo es porque no encuentra confiabilidad dentro del Ibal, al ver todo lo que está sucediendo. Pues ya había sido llamado a declarar -mediante un oficio- para que explicara las razones por las cuales ha calificado al contratista de esa manera. Se lo pidió el secretario general del Ibal, Rafael Hernández», sostuvo.
Para él, todo muestra que el Ibal está desconociendo la calificación del funcionario de planta de la empresa, responsable de la supervisión del contrato.
«Desconocer esta calificación, sería, además de comulgar con defender a un contratista que fue mal ejecutor, sería comulgar con la ilegalidad, puesto que la interventoría no tiene que realizar ninguna calificación, ya que la misma terminó antes de culminar la obra. Quien tiene la idoneidad, y la autoridad para calificar, fue quien estuvo al tanto de toda la ejecución, en este caso el supervisor del contrato, el ingeniero Juan Carlos Núñez», afirmó Aranzalez.
Finalmente, sobre la respuesta de la tutela, el apoderado de Juan Carlos Núñez dijo que entregó todas las evidencias que prueban que la evaluación fue técnicamente sustentada, que se le informó al contratista cuál fue el resultado y que él no contestó las observaciones en el plazo que le otorgó el Ibal.
Gerente del Ibal no respondió
ELOLFATO.COM buscó todo el día al gerente del Ibal, Alberto Girón, a través de la oficina de comunicaciones pero no fue posible hablar con él. Al final del día, la entidad informó que el funcionario se pronunciará una vez culmine el proceso para no «viciarlo».
No obstante, este portal hace público el cuestionario que tenía preparado para la entrevista que no concedió el gerente.
- ¿Por qué el contrato de emergencias de 2015, que también se ganó Riaño, estuvo ocho meses sin interventoría?
- ¿Por que piden al interventor una calificación si él no acompañó el proceso hasta el final?
- ¿Por qué desconocen que el proceso en contra del contratista Riaño quedó en firme, según el oficio presentado por el área jurídica del Ibal?
- ¿Por qué los integrantes del comité evaluador pasaron por alto el antecedente de Riaño e insisten en dejarlo como ganador?
- ¿Por qué esta administración sigue aplicando el Manual de Contratación creado en la época de Luis H. Rodríguez, en el que se eliminaron todas las audiencias públicas? ¿Temor a la crítica social ?
- ¿Por qué si hubo 13 interesados, que presentaron observaciones al proceso, terminaron presentándose solo tres oferentes?
- ¿Por qué excluyeron del proceso licitatorio al ingeniero Juan Carlos Núñez, pese a que el servicio que pretenden contratar está dirigido a la dependencia que él dirige?
Un dato curioso
El ingeniero Jorge Iván Riaño Jaimes se ha ganado los últimos dos contratos de emergencias del Ibal, de manera consecutiva. El primero, por $1.549.685.658, fue entregado en 2014 a través del consorcio Rio. (Ver: Proceso de contratación del año 2014)
Y el segundo, por $1.616.544.000, lo consiguió por intermedio del consorcio 2R. (Ver: Contrato 073 en el portal de contratación del Estado)
Y así como está el panorama en el Ibal en este momento, es muy probable, que se gane el tercer contrato en línea, esta vez por $2.482.755.711.
Estos hechos muestran que la experiencia del contratista Riaño en tipo de procesos está más que comprobada. Sin embargo, también es cierto que los pliegos de condiciones que monta el Ibal, año tras año, terminan siendo casi similares.
Por ejemplo, en el contrato de 2014, salió triunfador porque su competidor, el oferente Mauricio Aldana García, no cumplió con el requisito de «tener contratos ejecutados en ciudades capitales mayor (sic) a 400.000 habitantes».
Casualmente es uno de los requisitos que denunciaron en el contrato de emergencias que está por adjudicarse, y que el Ibal debió eliminar porque limitaba la participación de oferentes y favorecía, aparentemente, a uno de los interesados.
La adjudicación del contrato, según el cronograma definido por el Ibal, está prevista para el próximo lunes 6 de marzo.
