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El alcalde electo de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo alertó este martes las primeras ‘sombras’ en el empalme con la administración del alcalde saliente Luis H. Rodríguez, razón por la cual decidió hacer público una sospechosa operación que se está ‘cocinando’ en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL).
Jaramillo denunció que “manos extrañas” estarían fraguando pagarle a la cuestionada firma Presea $1.363 millones y liquidar así el polémico contrato de comercialización que adjudicaron el gerente del IBAL, Carlos José Corral, y el secretario general, Ricardo Arroyo, en el año 2013.
Corral y Arroyo decidieron adjudicar este contrato, de $3.800 millones, contra viento y marea, y hasta pasaron por alto las observaciones hechas por la Procuraduría Provincial y la Contraloría de Ibagué. (Ver: La puerta giratoria entre el IBAL y Presea)
Un año más tarde, el mismo secretario general Ricardo Arroyo, admitió que Presea no cumplió con las obligaciones y que la indebida ejecución del contrato retrocedió la operación comercial del IBAL 15 años. (Ver: La penosa confesión del IBAL)
Por su parte, la Contraloría de Ibagué, también dio a conocer que este contratista se ganó la licitación en medio de graves irregularidades como la presunta falta de experiencia. (Ver: Contraloría destapa irregularidades en el contrato entre el IBAL y Presea)
Jaramillo tiene informantes en el IBAL
Al alcalde electo le entregaron información y documentos de los movimientos silenciosos que adelantan los directivos de la empresa, y aseguró que “están buscando firmar por todos los medios esta liquidación. Hay un claro interés de personas del IBAL por tratar de que esa liquidación se finiquite antes de que nosotros lleguemos a la Alcaldía de Ibagué”.
Dijo que está “claramente informado” y que tiene pruebas documentales en las que consta que el mismo jefe financiero del IBAL, Ricardo Carrasco, sostiene que no tienen que pagarle un solo peso a Presea. (Ver documento)
Lo más grave, afirmó Jaramillo, es que estarían “presionando” al jefe financiero para que firme la liquidación que le aseguraría “un regalo” de $.1363 millones a Presea.
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“Esto es el colmo. Este contratista incumplió y fuera de eso le quieren dar un regalo. Aquí hay cosas muy oscuras que vamos a revisar a fondo. Detectamos manos extrañas que han tenido que ver con el estudio de las fotomultas y la operación de las basuras”, advirtió.
Guillermo Alfonso reveló que detrás de estos movimientos estaría el polémico contratista Alejandro Méndez, el ‘cerebro’ del estudio con que el que querían entregar en concesión -por 20 años- las fotomultas en Ibagué, y quien además fue el interventor del contrato de Presea. (Ver: Lo que tienen en común las fotomultas y Presea)
Méndez ha sido beneficiado con todo tipo de contratos durante la saliente administración de Luis H. Rodríguez. Ha hecho de todo: andenes, estudios financieros y señalización vial para la secretaría de Tránsito, estudios de acueductos rurales para la secretaría de Apoyo a la Gestión y en el IBAL su fuerte son las interventorías. (Ver: Ingeniero de las fotomultas sigue fuerte en Tránsito)
Gerente del IBAL, en Brasil
El gerente del IBAL, Carlos José Corral, no pudo responder a los duros señalamientos hechos por el alcalde electo porque se encuentra en Brasil, en un viaje de trabajo del que poco se sabe.
Por esa razón tuvo que salir a defender la entidad el secretario general, Ricardo Arroyo. El funcionario dijo en la emisora La Cariñosa de RCN que por orden del alcalde Luis H. Rodríguez la liquidación del contrato de Presea no se “perfeccionaría” en esta administración sino que se la dejarán al próximo gobierno, y aclaró que no ha existido ningún tipo de presión al jefe financiero del IBAL, Ricardo Carrasco, para que facilitara el pago de $1.363 millones a la cuestionada firma contratista.
