Aún no se ha publicado el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, en el que se avaló la consulta popular minera de Ibagué, y ya apareció un polémico contrato que pondría en tela de juicio la decisión de los magistrados.
Resulta que uno de los magistrados que participó en la votación de la consulta minera tiene a su hija trabajando en la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, situación que será utilizada por los opositores para buscar la nulidad del fallo.
Se trata de la abogada Litza Maryuri Beltrán Beltrán, hija del magistrado Belisario Beltrán, quien hizo sala para definir el futuro de la consulta minera con los también togados Jaime Alberto Galeano y José Aleth Ruiz.
De acuerdo con la información publicada en el portal de contratación del Estado (Secop), Litza Maryuri Beltrán fue contratada el pasado 12 de abril, por ocho meses, como asesora de la Secretaría de Hacienda de Ibagué por $32 millones de pesos ($ 4 millones mensuales). (Ver: Contrato de Litza Maryuri Beltrán)
Algunos abogados cercanos a la administración sostienen que si bien es cierto el magistrado Beltrán debió declararse impedido, la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Tolima no estaría en riesgo.
“Al parecer pudo configurarse una causal de impedimento, pero éste no sería legal sino de carácter moral y ético, que no conlleva a dejar sin valor la decisión tomada en sala”, explicó un abogado que pidió no ser identificado.
ELOLFATO.COM pudo establecer que la administración local expondrá como defensa que la abogada Litza Maryuri Beltrán viene siendo asesora de la Alcaldía de Ibagué desde hace por lo menos seis años. Sin embargo, adjudicar un contrato a la hija de uno de los magistrados que votaría la consulta minera, en vísperas del fallo, no es bien visto.