En octubre de 2015, el exalcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez proclamó una de sus más célebres y recordadas frases: “Ni yo me voy a morir ni la ciudad se va a acabar” (Ver: “Ni yo me voy a morir ni la ciudad se va a acabar”: Luis H. sobre pérdida de disciplinas de Juegos Nacionales).
Menciono esta frase icónica del diccionario del descaro institucional, pues en su momento tanto en medios locales como nacionales, tan elaborada pieza de cínica sabiduría generó reacciones negativas, lo que contrastó con el conveniente silencio de muchos, particularmente de los gremios económicos de la región.
Tal vez la historia o algún medio independiente se den a la tarea de valorar el papel de los gremios en referencia a los “mejores juegos de la historia”, pues claramente la debacle de los XX Juegos Deportivos Nacionales generó graves perjuicios a comerciantes, constructores, transportadores y hoteleros, sin que para ese momento se hubiera advertido una posición firme y decidida de los gremios no solo en defensa de los intereses de sus asociados sino particularmente en defensa de la ciudad.
Por eso me parecen especialmente descaradas, tardías e inoportunas las “exigencias” que recientemente hiciera en nombre de los gremios económicos del Tolima el actual Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué en declaraciones a Caracol Radio (http://caracol.com.co/emisora/2017/04/20/ibague/1492692552_104026.html), en donde reclama la pronta terminación de los escenarios deportivos de Ibagué, señalando de paso la indiferencia de la clase política en este proceso.
Estas declaraciones son descaradas pues mientras un puñado de ciudadanos denunciaban toda suerte de triquiñuelas y eran tildados de locos y enemigos de la ciudad, la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) celebraba convenios con la cuestionada Alcaldía de Ibagué. En este sentido, sería conveniente que la misma CCI le dijera a la ciudadanía y a sus propios asociados qué convenios se suscribieron entre el 2012 y el 2015 entre ese ente gremial y la Alcaldía de Ibagué, lo que nos puede dar pistas sobre el inexplicable silencio de la Cámara.
Además de esto, las declaraciones del Señor Luis Alfredo Huertas, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, son a todas luces tardías. Habrá que recordar que el cuestionado contrato de consultoría Nº 213 entre el Imdri y Typsa fue celebrado en noviembre de 2013, y que yo recuerde no hay ni una sola advertencia o llamado de atención oficial de la CCI en relación con este sospechoso acto contractual.
De la misma manera, habrá que decir que la fase precontractual de los procesos de la Unidad Deportiva de la 42º y del Parque Deportivo se surtieron a finales de 2014, y que pese a muchas denuncias y quejas de veedurías y ciudadanos, tampoco tuvimos noticia de posición oficial alguna de la CCI en torno a estos cuestionados procesos. Así pues, mientras muchos denunciábamos, ¿en dónde estaba la voz crítica y preocupada de la Cámara de Comercio de Ibagué en defensa de sus asociados y de la ciudad?
Finalmente, la respetable opinión de este dirigente gremial resulta inoportuna, pues a pesar de que se han creado diversos escenarios para exigir acciones concretas y subrayar las denuncias, la CCI ha estado ausente de estos espacios.
Baste recordar al lector la interesante audiencia pública sobre los XX Juegos Deportivos Nacionales convocada por el Representante Pierre García el pasado 9 de marzo, a la cual asistieron funcionarios locales encabezados por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, organismos de control, periodistas y deportistas, siendo clara la ausencia del gremio que hoy curiosamente se muestra tan alarmado por el futuro de los escenarios.
¿Por qué la CCI o su preocupado Director Ejecutivo no asistieron a dicha audiencia que era pública y no requería invitación? ¿Por qué ningún otro gremio económico de la región hizo presencia? Tal vez la única acción clara de la Cámara de Comercio de Ibagué ha sido una promocionada e inútil “firmatón” (Ver: Comerciantes y deportistas piden que no se modifiquen los diseños originales de los escenarios de Juegos Nacionales), de la cual conocimos muchas fotos pero no sus efectos y resultados concretos.
Ya dirán los gremios, y en particular la CCI, que su función no es denunciar ni señalar irregularidades, y que para eso están los organismos de control. Sin embargo, la responsabilidad social empresarial supone la defensa de principios y la promoción de conductas éticas que van más allá de las funciones misionales de las organizaciones, y así como muchos ciudadanos motivados por el cariño a esta tierra y por sus convicciones personales denunciaron las monstruosas irregularidades y la aberrante corrupción, era de esperar que la CCI hubiera hecho lo propio. Desafortunadamente, pasó de agache…
