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El ministro de Justicia, Jorge Londoño, decretó en la tarde de este jueves la emergencia carcelaria a nivel nacional debido a la falta de prestación de servicios médicos en 74 centros de reclusión. Esta medida le otorga facultades al director del INPEC y a la USPEC para tomar decisiones frente a la emergencia de salud de los reclusos, en cuanto a la compra de medicamentos y la contratación para las mejoras de la unidad de sanidad.
Según la información del Ministerio, actualmente no se cuenta con el personal ni la atención médica necesaria para atender a los internos que requieren atención de emergencia como los 611 pacientes con VIH, 89 con cáncer, 1.112 con diabetes insulinodependientes, 188 con enfermedad pulmonar (EPOC) y 2.884 psiquiátricos.
Ante esta situación, el Ministerio determinó que las primeras medidas que se adoptarán tendrán que ver con la realización de brigadas de salud inmediatas desarrolladas conjunta y articuladamente por una red social de apoyo conformada por las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y la fuerza pública.
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Además, se modificará el Manual de Funcionamiento a cargo del INPEC para que profesionales de salud que son actualmente funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales.
De igual forma, se ejecutarán lo más pronto posible obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión.
