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De tropiezo en tropiezo. Así avanza el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué. El Tribunal Administrativo del Tolima decidió este lunes admitir el control de legalidad que solicitó el gobernador Luis Carlos Delgado al Decreto 0823 de la Alcaldía de Ibagué con el que se adoptó el nuevo POT.
La decisión la adoptó el Tribunal Administrativo del Tolima contra todos los pronósticos. El abogado Wilson Leal Echeverri y la secretaria Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, Sandra Gómez, sostenían que la Administración Departamental se exponía a que esa solicitud fuera rechazada porque los términos estaban vencidos.
El departamento Jurídico de la Gobernación argumentaba que los 20 días que tenía la administración para enviar el Decreto al Tribunal se contaban después del 13 de enero, cuando regresaron de vacaciones los funcionarios de la rama judicial. Leal y la Alcaldía aseguraban que el plazo corría desde el momento en que el Gobernador recibió el acto administrativo, por lo que los 20 días hábiles se cumplían al concluir el mes de enero.
Con esta decisión, el gobernador Luis Carlos Delgado ganó el primer pulso en este nuevo debate jurídico en el que quedó el nuevo POT de Ibagué. El equipo jurídico de la Gobernación decidió enviar a control de legalidad este decreto por dos razones.
“Primero. El Alcalde debió presentar al Concejo de Ibagué el nuevo POT dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento del actual, lo cual no se cumplió. Y segundo, el POT debió haberse presentado y estudiado por parte del Concejo, y si se rechazaba se podía volver a presentar, situación que no ocurrió”, explicó Olga
Lucía Liévano, directora de la oficina jurídica de la Gobernación del Tolima.
Ahora hay que esperar 20 días hábiles o tal vez más tiempo para saber si el Decreto 0823 de 2014 de la Alcaldía de Ibagué es legal o ilegal.
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En noviembre pasado, la Alcaldía de Ibagué sufrió un revés jurídico cuando el Tribunal Administrativo del Tolima consideró ilegal el Acuerdo que le dio vida al cuestionado negocio de las fotomultas que impulsaba el alcalde Luis H. Rodríguez. En esa oportunidad, también fue la Gobernación la que sometió esa iniciativa a control de legalidad. (Ver Se les cayó el negocio de las fotomultas)
“Cumplimos la ley, nada más”
La directora de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Tolima, Olga Lucía Liévano, aclaró que las decisiones que adopta la Administración no se toman en contra de una persona o para hacerle daño a la ciudad de Ibagué, sino que simplemente cumplen con la ley.
“Yo estaba totalmente segura de que los plazos no estaban vencidos. Tenía la convicción legal y por eso radicamos el control de legalidad. En ningún momento lo hicimos para perjudicar a alguien. No cabría en la cabeza de nadie que el Gobernador y su equipo procedan de esa manera. Las leyes son para cumplirlas, así resulten incómodas para algunos”, subrayó.
