Recientemente, el Banco de la República formuló la propuesta de tener un salario mínimo diferencial, con base en los disímiles niveles de productividad regional. Lo anterior tiene como propósito, según la entidad, disminuir la informalidad y desempleo en las regiones más aquejadas por este flagelo.
La idea básica parte de dividir al país en cuatro regiones, a partir de sus niveles de informalidad laboral, y determinar un salario más alto en aquellas donde los niveles de informalidad sean más bajos y la productividad más alta y un salario menor en las que la productividad presenten comportamientos más modestos. Alrededor de la propuesta surgen varias dudas y temores alrededor de esta iniciativa. Aquí algunos apuntes.
En primer lugar, los incrementos del salario de acuerdo a la productividad resultan polémicos; hay todo un debate entre los economistas acerca de cómo calcular de forma precisa la productividad del trabajo, a tal punto que todos los años, en el marco del proceso de negociación del salario mínimo entre trabajadores, gobierno y empresarios, aparecen distintos estudios que justificarían mayores o menores incrementos de la productividad y por tanto, mayores o menores incrementos del salario.
Los empresarios y el gobierno generalmente muestran datos que serían prueba de pequeños avances en productividad, mientras que las centrales obreras también presentan sus propios estudios, con cifras diferentes. Así, los incrementos del salario con base en la productividad siempre tienen algún grado de subjetividad, dependiendo de los intereses que se defiendan.
En segundo lugar, valdría la pena preguntarse si, con esta propuesta, no se estarían creando las condiciones para la ampliación de las brechas sociales y económicas entre las regiones de menor y mayor productividad en el país.
Sería importante preguntarse qué implicaciones podría tener sobre los niveles de pobreza, desigualdad y capacidad de consumo el que un trabajador de Quibdó, ciudad con una elevada informalidad, vea incrementado su salario mínimo en un 30% del equivalente al salario mínimo de una ciudad como Bogotá, tal y como sugiere la propuesta del Banco. ¿Con esta capacidad de demanda disminuida puede pensarse en un cambio en la estructura productiva de Quibdó, favorable a la reducción a largo plazo de la informalidad?
Además de lo anterior, ¿qué garantías existen de que un salario menor conduzca a una mayor contratación en condiciones de formalidad, es decir, con afiliación al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, y no a un simple ahorro para los empresarios? Tengamos en cuenta que en muchas de las ciudades donde la informalidad laboral es alta, como es el caso de Ibagué, en la práctica muchos trabajadores ya devengan un salario por debajo del mínimo legal vigente y en condiciones de absoluta desprotección social.
Basta preguntarle a trabajadores del sector comercial o de servicios para enterarse de que muchos trabajan más de ocho horas, no ganan el mínimo, no cuentan con afiliación al sistema de protección social, entre otras características.
Finalmente, la creación de salarios mínimos diferenciales podría alimentar aun más la fuga de personas en búsqueda de mejores salarios en las ciudades donde los niveles de productividad son más altos, esto para el caso no solo de trabajadores con menor calificación sino incluso para aquellos trabajadores con niveles de calificación más elevados, pues una reducción en el salario mínimo puede tener un impacto hacia abajo en el nivel general de salarios, afectando con ello las posibilidades de que las regiones más atrasadas puedan avanzar en términos de obtener mayores niveles de productividad en el futuro. El debate está abierto.
