Hacer valer los resultados, es lógico, pero cómo, he ahí la cuestión. Hay dos vías, la jurídico-administrativa y la política.
La primera vía es ideal: el Concejo Municipal de Cajamarca o el Alcalde (o juntos de común acuerdo) emiten un acto administrativo validando los resultados de la consulta, Cortolima revoca las concesiones de agua que le ha otorgado a la empresa, el Ministerio de Ambiente restituye el área que sustrajo de la Reserva Forestal Central para labores de exploración y la ANLA cancela la licencia. En cuestión de semanas, Anglogold Ashanti estaría fuera de Cajamarca.
Pero el ideal no se parece a la realidad. En el momento en que escribo esta columna, todo se sabe sobre las declaraciones del Ministro de minas, Germán Arce, acerca de los resultados de la consulta, así que no hace falta convencer a nadie de que, en el seno del propio gobierno, se cocina una estrategia para desconocer la voluntad popular.
Ante una institucionalidad que se niega y desmantela a sí misma, por esta misma vía, solo queda instaurar peticiones, alegatos, demandas, y toda clase de instrumentos legales para hacer valer los resultados.
El camino, en adelante, estaría empedrado para expertos, funcionarios y leguleyos, y para uno que otro entendido en estas materias. La inmensa mayoría de la población que se expresó en las urnas el 26 de marzo queda automáticamente expulsada del debate.
La otra vía es la política y tiene dos aristas: la de la fuerza social y la de la fuerza electoral.
La primera se ha venido practicando hace diez años, pero hay que profundizarla: a los foros, las audiencias, los plantones y las marchas, hay que sumarle las alianzas estratégicas con las demás comunidades que resisten a otros megaproyectos.
Solo en el Tolima, ante la absoluta pasividad del gobierno departamental, se proyecta la construcción de una veintena de hidroeléctricas, la privatización del Río Magdalena y el desarrollo de proyectos de explotación no convencional de hidrocarburos o fracking, práctica prohibida en varios estados norteamericanos y algunos países de Europa.
Esta es la realidad del Huila, Caquetá, Meta, Cundinamarca, Antioquia, Chocó y Santander, entre otros departamentos, en donde la tecnocracia de Bogotá sueña apuntalar el proyecto de despojo territorial que iniciaron los paramilitares hace tres décadas en nombre de la contrainsurgencia y el progreso.
Al final, el agua y la privatización del territorio es el precio que pagamos en las regiones para que en Bogotá, las empresas multinacionales y unos cuantos políticos puedan seguir haciendo negocios. Ya sabemos que los ríos de dinero que surcan las campañas políticas corren a cuenta de las empresas para que, una vez en el poder, los políticos gobiernen en función de ellas.
A esa alianza macabra entre políticos (nacionales, regionales y locales) y empresas multinacionales es a la que una gran alianza social contra el extractivismo debe hacer frente, y eso no tiene otro nombre que política, esto es, en términos de Luis Javier Orjuela, la acción colectiva y conflictiva orientada a la construcción (mantenimiento o transformación) del orden social.
Pero buena parte del éxito de lo anterior depende de las formas institucionales de la política, una de las cuales es la democracia electoral. La consulta popular es expresión de ello, y ésta a su vez fue el producto de una coalición en el concejo municipal, y otro habría sido su resultado en las urnas de no haberse antecedido de una exitosa campaña a la alcaldía.
Si se acepta este punto de vista, lo que corresponde al movimiento es ampliar su rango de acción: ir a la calle y a las urnas, promover audiencias públicas informativas y conquistar los espacios democráticos de decisión, y en definitiva, incidir de manera crítica y propositiva en el desarrollo estratégico de la región.
Las próximas elecciones parlamentarias abren un gran espacio para que se cualifique y dignifique la paupérrima representación del Tolima en el Congreso de la República. Se ha abierto una gran ventana de oportunidad.
