Ante la inaplazable necesidad histórica de alcanzar la paz en nuestro país, después de medio siglo de luchas fratricidas, donde la mayoría de víctimas las ha puesto el pueblo inocente y, debido a la amenaza inminente de quedarnos sin agua por el desarrollo de un megaproyecto minero, no queda otra alternativa que la unidad de las fuerzas políticas, sociales, gremiales y culturales de todas las tendencias y expresiones, para enfrentar estos retos.
Por ello, diversos partidos y movimientos políticos del Tolima, han entendido el momento que vivimos y despojados de sectarismos, han suscrito una declaración que los une para trabajar en estos dos temas: la paz y la defensa del agua.
Esto no significa que estas organizaciones pierdan la ideología y programas que profesan, menos su independencia orgánica. Simplemente con claridad meridiana, han interpretado el clamor de las masas en el sentido que prefieren una paz estable y duradera, así no sea la ideal ni perfecta, a continuar el derrame de sangre quién sabe por cuantos años más; lo mismo con el agua, se valora más la vida humana, fauna y flora, que necesitan del preciado líquido para la subsistencia, que las 20 mil onzas de oro que persigue una ganancia de más 60 mil millones de dólares, que en su mayoría absoluta, irán a parar en las cuentas de la transnacional AngloGold Ashanti (AGA).
Saludamos fervorosamente esta iniciativa que rubrican el partido Liberal en cabeza de sus principales dirigentes como el senador Guillermo Santos Marín, la representante Ángel María Gaitán, la empresaria y presidenta del Directorio Liberal de Ibagué, Olga Beatriz González, diputados, concejales, el exgobernador Luis Carlos Delgado Peñón, Jorge Eduardo Casabianca y Marco Emilio Hincapié Ramírez, entre otros.
Igualmente, se encuentran el partido de la U con el parlamentario Jaime Yepes, el diputado Fernando Lombo, Cambio Radical, La Rosita con sus dos concejales, el Mais, Mira, Aico, el Polo, Alianza Verde, la UP, Marcha Patriótica, el partido Comunista, lo mismo que adhieren federaciones obreras, sindicatos, organizaciones estudiantiles, juveniles y personalidades; es decir, se trata de un verdadero frente amplio y democrático que, sin duda, marcará un hito en la historia de las luchas sociales y políticas de nuestro departamento, ya que nunca antes se había logrado un consenso de tal magnitud entre partidos y fuerzas sociales.
En la medida que se acerca la firma final del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, los nervios de sectores oscuros y reaccionarios del país que han vivido del negocio de la guerra, se crispan. Ven amenazados el criminal despojo de tierras de campesinos y el diabólico negocio de las drogas sicotrópicas que les ha permitido la acumulación de riquezas incalculables, y por lo tanto, al terminarse el conflicto, los grupos paramilitares que han sido el brazo armado de la política de ultraderecha neofacista, perderían vigencia y el delictivo oficio se les acabaría.
Esta política, representada por un minoritario sector en el Congreso de la república que todos identifican, y por el nefasto Procurador General, también saldrían damnificados al perder la base sobre la que sustenta su filosofía y proyecto político al acabarse las Farc. Por eso, no les queda otro camino que acudir al miedo, odio, rencor, venganza y proponer una paz imposible aquí y en cualquier parte del mundo, como aquella “sin impunidad”. En todo proceso bélico que haya terminado en una mesa de negociaciones, siempre ha concluido con impunidad total o parcial; ejemplos muchos, recordemos únicamente los de Centroamérica: Nicaragua, Salvador y Guatemala, agreguemos también los de África e Irlanda del Norte-Reino Unido, entre los contemporáneos.
Las Farc no han sido derrotadas militarmente, ni en los seis meses que dijo Uribe en su primer periodo que las acabaría y que fue una promesa de su campaña, tampoco en los ocho años que duró su gobierno.
Para imponer condiciones unilaterales de una parte sobre la otra, se necesita un vencedor y un vencido, donde el primero aplique su voluntad omnímoda sobre el derrotado. Y esa premisa no se cumple en este caso. Por el contrario, las Farc han aceptado la justicia transicional y pagar penas alternativas; primer movimiento guerrillero no derrotado que se somete a la justicia y que será modelo piloto para furas negociaciones de conflictos, según dicen los internacionalistas expertos en estos temas.
El desespero y la feroz arremetida del sector más retardatario y oscurantista de la sociedad los lleva no solo a manipular, mentir y calumniar el proceso de paz, sino a lanzar propuestas imposibles de cumplir dentro de una negociación seria y exitosa, a la que hay que responder con la unidad de todos los que estén en contra la guerra y por una salida negociada al conflicto con justicia social.
Igual cosa sucede en la consulta contra la megamineria a cielo abierto, donde se ciñe el peligro de acabar con importantes fuentes de hídricas para el consumo humano y de la agricultura de Cajamarca, Ibagué, Espinal, Coello y Guamo, entre otros, al acabar con los ríos Bermellón y Coello, y más de 161 nacederos del vital líquido en zonas de páramo y alta montaña donde se encuentra la Colosa.
La ambición de oro de AGA no podrá borrar la vida ni la seguridad alimentaria de miles de tolimenses; por mucho dinero que invierta comprando conciencias, funcionarios, ‘periodistas’ y medios, jamás arrodillará a los ambientalistas y luchadores políticos y sociales honestos.
Este documento que hoy suscribe la Comisión Política Interpartidaria por la Paz y la defensa del Agua, puede ser la cuota inicial de nuevos pactos que comprometa la voluntad de los partidos, movimientos sociales y ciudadanía en tareas más elevadas en beneficio del desarrollo económico, social, cultural y político de Ibagué y el Tolima.
La Marcha Carnaval, que se realizará este viernes 03 de junio por las principales calles de Ibagué, para colmar el parque Murillo Toro, como es costumbre, en defensa del agua y contra la megaminería a cielo abierto, contará con el apoyo y respaldo de todos los comprometidos en esta declaración.
COLETILLA: ¿Quién pagaría la recolección de las firmas anti-consulta minera de Cajamarca? Porque nos resistimos a creer que el exdiputado Plinio Valencia haya realizado ese trabajo gratis. También sería bueno que la Registraduría Municipal de esa localidad verificara si las 4.800 firmas que dicen tener para oponerse a la consulta son auténticas y de habitante de esa la región.
