¿A quién le interesa tanto la seguridad vial en Ibagué que han insistido tres veces con la implementación de las fotomultas en esta administración? Esa pregunta la hacen algunos concejales y exfuncionarios de la secretaría de Tránsito Municipal, pero pocos se atreven a formularla en voz alta.
ELOLFATO.COM pudo establecer que en los dos años y siete meses del gobierno del alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, han hecho tres intentos para que un inversionista privado se quede con el millonario negocio de las fotomultas.
Primer intento
Pedro Julián Gómez, el primer secretario de Tránsito de esta administración, dijo que apenas llevaba pocas semanas de posesionado cuando llegó a su despacho una propuesta de una Alianza Público Privada (APP) para la implementación de este mecanismo digital para ‘cazar’ infractores.
“Sí hubo un particular interés en esta propuesta porque fue la primera APP que se le presentaba a la alcaldía de Ibagué. Nosotros recibimos la propuesta e iniciamos los estudios”, aseguró el exfuncionario.
Después, Pedro Julián Gómez dejó el cargo y llegó Álvaro Monroy a la secretaría de Tránsito. Eso fue en noviembre del año 2012. El estudio de esa Alianza Público Privada seguía en marcha.
Álvaro Monroy le contó a este portal que la APP para las fotomultas finalmente se hundió porque nunca lograron soportar los informes financieros.
“Esta es una secretaría muy rentable. Deja mucho dinero a la administración municipal. Siempre pensé que la salida no era la privatización sino el fortalecimiento de la entidad”, aseveró.
La secretaría de Tránsito de Ibagué genera más de 12 mil millones de pesos anuales, sin haber sido sometida a un proceso de modernización para hacerla más productiva.
Segundo intento
Ante la imposibilidad de entregarle este negocio a un particular a través de una Alianza Público Privada (APP), en 2014 surge el segundo intento, esta vez de la figura de concesión.
En abril de este año, la nueva secretaria de Tránsito, Martha Pilonieta, elaboró y presentó un proyecto de acuerdo para concesionar: las grúas y los parqueaderos, los trámites y servicios, y las fotomultas.
Ese proyecto lo hundieron los concejales: Carlos Portela, Diana Jaidy Castro, Jorge Bolívar y Yuri Cuadros. Pero ahora, en un sorprendente cambio de posición, dicen que sí les gustan las concesiones y han anunciado que aprobarían la iniciativa, con unas cuantas recomendaciones.
Recordemos, por ejemplo, que el concejal Jorge Bolívar visitó la redacción de ELOLFATO.COM e hizo una detallada explicación del ‘negociazo’ que pretendían entregar con ese proyecto de semiprivatización de la secretaría de Tránsito. (Ver nota)
Tercer intento
Ahora, en plenas fiestas de junio, la secretaría de Tránsito regresa al Concejo con el mismo interés: que un inversionista privado saque de su bolsillo 5 mil 644 millones de pesos para instalar y operar 22 cámaras ‘caza’ infractores y se quede, durante 20 años, con el 50 o el 60 por ciento del valor de las multas que se impongan a través de estas fotomultas.
Este proyecto de acuerdo se presentó al Concejo soportado con un muy completo estudio elaborado por el ingeniero Alejandro Méndez Ramírez, quien mostró profundos conocimientos jurídicos, financieros y de movilidad para justificar esta concesión.
Buscamos al ingeniero Méndez Ramírez para que nos contara cómo hizo el informe, cuánto tiempo invirtió en él y cuáles son sus estudios de posgrado para haber elaborado tan robusto documento para la alcaldía de Ibagué. Lamentablemente nos dijo que estaba ocupado y no podía atendernos.
A los concejales de Ibagué poco o nada les interesa el origen de este estudio. El concejal Carlos Portela respondió que “nosotros partimos de la buena fe del informe que presenta la secretaría de Tránsito”.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República ya siguen de cerca este veloz proyecto de acuerdo que aprobarán los concejales de Ibagué este sábado, quienes sin mayor discusión y análisis darán vía libre a este luchado negocio.
Esperen el sábado los nombres y las caras de los concejales que votarán a favor y de quienes votarán en contra de la iniciativa.