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La Fiscalía General de la Nación vinculó penalmente al coronel en retiro del Ejército Nacional Javier Alberto Vallejos Delgado, al sargento segundo retirado Sergio Ramírez Murillo y a tres exsoldados, como posibles coautores del homicidio de seis jóvenes en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos de Ibagué.
De acuerdo con la investigación, el 28 de febrero de 2008, los uniformados habrían participado en la ejecución extrajudicial de los seis jóvenes que fueron presentados como miembros del ELN. Por este caso de ‘falsos positivos’ los exmilitares se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.
El desmovilizado del ELN Luis John Castro Ramírez, alias el ‘Zarco’ rindió declaraciones bajo juramento en las que indicó que él era el encargado de reclutar a las víctimas, por encargo de los miembros de inteligencia del batallón Jaime Rooke de Ibagué que hace parte de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. (Ver: Congresista “uribista” dice que el Ejército no es una dama rosada, sino una fuerza letal para matar)
“Debía hacer el montaje de los supuestos secuestros o cobros ilegales, mientras que la tropa daba de baja a estas personas”, sostuvo el fiscal al realizar la imputación.
Agregó el delegado fiscal que “para tal fin, el alto mando militar emitía las órdenes de registro y control con inconsistencias, versión coherente con la información entregada a la Fiscalía por el reclutador desmovilizado Castro Ramírez, quien afirmó que llevaban a la gente como carne de cañón”.
En este caso, señala la investigación, el crimen lo certificaron con el argumento de que se impidió el supuesto secuestro de un ganadero llamado Jacinto Torres Arias en la vereda Potreritos, antes mencionada.
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“Se utilizaron todas las herramientas del Estado, uniformes, órdenes de registro, armas e inteligencia para quitarle la vida a civiles, ajenos al conflicto, quienes son protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, argumentó el fiscal.
Por estos hechos, los soldados vinculados al proceso son José Johan Castro Bustos, Rafael Antonio Rincón y Maryó Martínez Mora, quienes no aceptaron el cargo de homicidio en persona protegida.
Al mismo tiempo, los procesados firmaron un acta en la que mostraron su voluntad de someterse a la JEP, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, por considerar que estos hechos fueron con ocasión del conflicto. (Ver: El exministro tolimense Alberto Santofimio busca quedar en libertad por medio de la JEP)
“Están comprometidos a comparecer con las autoridades, a no salir del país, y a colaborar con información importante que esclarecer la investigación”, precisó el fiscal adscrito a Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General.
