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La elección irregular del expersonero Julián Andrés Prada y del excontralor Ramiro Sánchez no terminó con las investigaciones y sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los concejales de Ibagué. EL OLFATO confirmó que los cuestionados políticos locales tendrán que enfrentar ahora un proceso penal por su actuación irregular.
La Fiscalía 27 de la unidad de delitos contra la Administración Pública abrió una investigación contra los cabildantes que participaron en la elección de los dos exfuncionarios, quienes fueron escogidos en enero de 2016, pese a no haber obtenido las puntuaciones más altas en los concursos de méritos que convocó el Concejo de Ibagué. (Ver: Procuraduría confirma leve suspensión contra concejales de Ibagué)
Además, el expersonero Prada y el excontralor Sánchez debieron apartarse de sus cargos meses más tarde porque el Consejo de Estado determinó que estaban inhabilitados.
Por estos hechos, los concejales de Ibagué tendrán que responder ante la justicia por el presunto delito de prevaricato por acción, una conducta castigada con penas que van desde los cuatro hasta los 12 años de prisión. (Ver: Concejo de Ibagué debió verificar las inhabilidades antes de elegir Personero: Consejo de Estado)
Fuentes de la Fiscalía revelaron que este es uno de los casos “priorizados” este año, debido a que en este proceso existen pruebas documentales como las sentencias del Consejo de Estado y la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender a 15 concejales y un exconcejal (Carlos Portela) por la elección del excontralor Ramiro Sánchez.
En este momento, los concejales suspendidos por nueve meses son: Camilo Delgado, Ernesto Ortiz, Carlos Andrés Castro, Humberto Quintero, Víctor Hugo Gracia, Oswaldo Rubio, Marco Tulio Quiroga, Juan Ávila, Harol Lopera, Víctor Julio Ariza, Hasbledy Morales Lozano, William Santiago Molina, William Rosas, Linda Perdomo y Jorge Bolívar.
Entre tanto, el Ministerio Público adelanta otra investigación disciplinaria por la elección del expersonero Julián Andrés Prada, pero la misma está engavetada en la sede de la Procuraduría en Bogotá. (Ver: Consejo de Estado confirmó salida del Personero de Ibagué)
Pese a todos estos líos disciplinarios y ahora penales, entre los concejales procesados hay por lo menos dos candidatos a la Alcaldía de Ibagué: Camilo Delgado y Jorge Bolívar, el primero Liberal y el segundo Conservador.
Los demás cabildantes ya estarían preparando sus campañas para aspirar nuevamente al Concejo Municipal.
¿Les salió caro el favor político?
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Como lo denunció en su momento este medio de comunicación, la mayoría de cabildantes le hicieron ‘conejo’ a los concursos de méritos para elegir a los entonces candidatos a la Contraloría y la Personería de Ibagué (Ramiro Sánchez y Julián Prada), presuntamente, apadrinados por el jefe de Cambio Radical en el Tolima, Emilio Martínez, amigo y aliado político del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y de su hermano Mauricio Jaramillo.
Esta maniobra habría tenido como propósito la repartición de cuotas burocráticas en los órganos de control para los concejales y permitirle a la administración del médico Guillermo Alfonso Jaramillo tener un Contralor y un Personero cercano al gobierno, como finalmente ocurrió con Juan Felipe Arbeláez -en la Personería- y Julio César Vásquez -en la Contraloría-, los dos exfuncionarios que más tiempo permanecieron al frente de estas dependencias.
Por su parte, el alcalde Jaramillo ha sido solidario con sus concejales aliados y los ha defendido públicamente.
Por ejemplo, después de conocerse la sanción de la Procuraduría, el mandatario afirmó:
“Me parece muy mezquina la posición que asumen ciertas personas de bregar a ver cómo desprestigian la función de los concejales que lo único que han hecho es apoyar todo lo que se está haciendo, y que gracias a ellos es que se vamos a poder dejar solucionados todos los problemas graves que tenía Ibagué. Entonces yo no puedo hacer -de ninguna manera- más que una persona que le dé un apoyo total a los concejales”.
¿Qué es el delito de prevaricato por acción?
Según el artículo 413 del Código Penal, el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
