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Dos exdirectivos y un excontratista del Hospital Federico Lleras Acosta comenzaron a responder ante la justicia por un millonario contrato que adjudicaron faltando apenas 24 horas para terminar el primer gobierno del gobernador Óscar Barreto Quiroga (2008 – 2011), el día 30 de diciembre de 2011.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de garantías de Ibagué la imputación en contra Iván David Hernández, exgerente del hospital Federico Lleras; Héctor Yesid Hernández, exjefe jurídico de esa institución, y Martín Eufracio Baquero, excontratista, a quienes responsabiliza de cometer el presunto delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Según la investigación de la Fiscalía, los exfuncionarios Iván David Hernández y Héctor Yesid Hernández habrían adjudicado el contrato para la construcción de las escaleras de emergencia de la institución a un contratista que no cumplía con las exigencias definidas en los pliegos de condiciones.
El proceso contractual, por $528’952.617, determinó que los interesados debían acreditar experiencia específica en la construcción de infraestructura hospitalaria, pero el contratista Martín Eufracio Baquero solo había realizado en el pasado pequeños trabajos locativos en esa misma institución.
Por ejemplo, aportó otros contratos suscritos con el Hospital Federico Lleras Acosta, entre los años 2009 y 2010, para la impermeabilización de terrazas y mantenimiento de las placas de los asesores y de las redes hidráulicas.
Para la Fiscalía, los contratos de experiencia que aportó el contratista Baquero Jaramillo eran simplemente obras locativas, “disímil a la construcción, remodelación o ampliación de hospitales”.
“Ninguna de estas últimas tres certificaciones cumple con los parámetros o requisitos de experiencia específica, porque las obras son básicas y locativas ,es decir, no acredita experiencia en la construcción de infraestructura hospitalaria”, aseguró el fiscal 19 de delitos contra la administración pública.
Aún así, Iván David Hernández y Héctor Yesid Hernández, encargados de la adjudicación de este contrato, aceptaron la propuesta y le dieron el mayor puntaje a este oferente (300 puntos).
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“Se violentaron los principios constitucionales de la función administrativa de la igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, ya que no hubo selección objetiva, sino por el contrario una clara intensión dolosa de favorecer los intereses del proponente, que en últimas resultó adjudicatario”, subrayó el fiscal del caso.
Y agregó: “Los indiciados eran plenamente capaces y conocedores de los hechos antes referidos con plena y libre voluntariedad decidieron eludir los principios de la función administrativa y la selección objetiva, al escoger y adjudicar la oferta de Martín Eufracio Baquero Jaramillo, quien no reunía los requisitos de experiencia específica ni experiencia de personal y de equipo para cumplir con el objeto contractual que requería el hospital”.
Este polémico contrato, adjudicado el 30 de diciembre de 2011, fue suspendido en enero de 2012 por la administración del entrante gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, quien no permitió el desembolso de los cerca de $530 millones que pretendieron entregarle al contratista Martín Eufracio Baquero.
Siguen en libertad
Los tres imputados siguen en libertad debido a que ya no están ejerciendo funciones públicas y porque al contratista no se le hizo ningún pago.
Este proceso estuvo ‘engavetado’ durante cinco años en la Fiscalía seccional Tolima, lo cual permitió, por ejemplo, que el procesado Iván David Hernández siguiera participando en política y consiguiera votos para el gobernador Óscar Barreto, en las pasadas elecciones regionales de 2015.
