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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar en contra del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la presunta posesión irregular del gerente del Ibal, Alberto Girón Rojas, en enero del año 2016.
La denuncia fue interpuesta por el veedor ciudadano José Raúl Serrato, quien aseguró que el mandatario local habría cometido el presunto delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades para ocupar cargos públicos. (Ver: Posesionaron al gerente del Ibal y estaba inhabilitado)
La conducta punible a la que hace referencia el veedor está contemplada el artículo 408, del Código Penal. «El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años», reza la norma.
Alberto Girón fue nombrado como gerente del Ibal, el día 7 de enero del año 2016, pero la posesión la hizo Juan Espinosa, secretario de Hacienda de Ibagué, quien estuvo ese día como Alcalde encargado. Jaramillo había viajado ese día a la ciudad de Bogotá. (Ver: Inhabilidad publicada en la página de la Procuraduría General de la Nación)
«Esa fue una jugada de Jaramillo porque sabía que ese nombramiento le podría provocar problemas. Ese es un hábito viejo de él. Cuando fue Gobernador del Tolima metió en problemas a Alfredo Bocanegra (exsecretario de Gobierno) y a Maribel López (exdirectora del Instituto Tránsito Departamental) porque, preciso, cuando hay que firmar cosas comprometedoras le da por irse para Bogotá», afirmó Serrato.
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Al parecer, el 7 de enero de 2016, Alberto Girón tenía vigente una inhabilidad para contratar y ocupar cargos públicos hasta el año 2020, por una sanción que le había impuesto la Contraloría Departamental del Tolima, el 30 de diciembre de 2015. (Ver: Reporte de la Contraloría Departamental del Tolima)
Girón y Jaramillo aseguraron en su momento que se trataba de una persecución política. Sostuvieron que la sanción no estaba vigente el día de la posesión, sino que se la ‘montaron’ al sistema de información de la Procuraduría General de la Nación después estar en el cargo.
Ahora, será la Fiscalía la que determinará quién tiene la razón. El pasado 27 de marzo, el ente investigador ordenó las primeras averiguaciones para determinar si hubo o no una posesión ilegal del mencionado funcionario público.
