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A pesar de que la Consulta Anticorrupción no pasó el umbral, Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación, calificó sus más de 11.600.000 votos como un éxito y por ende le solicitó al Congreso aprobarla.
“Éxito de consulta impone a Senado aprobar proyecto ley anticorrupción que incluye fin de casa por cárcel para corruptos en todos los casos, suspensión pagos en contratos sucios, dobles penas en graves casos corrupción y obligación denuncia ciudadana, entre otras”, aseguró en la cuenta de Twitter de la Fiscalía.
“Éxito de consulta impone a #Senado aprobar proyecto ley anticorrupción que incluye fin de casa por cárcel para corruptos en todos los casos, suspensión pagos en contratos sucios, dobles penas en graves casos corrupción y obligación denuncia ciudadana,entre otras”: Fiscal General
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 26 de agosto de 2018
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Y es que para quienes respaldaban esta consulta, este es un hecho histórico y bastante positivo para el país pues, aunque no alcanzó los 12.140.342 votos requeridos para su aprobación, obtuvo un apoyo bastante considerable que demuestra la inconformidad de los colombianos con la clase dirigente del país. (Ver: Ibagué no respaldó masivamente la consulta anticorrupción)
Incluso, el mismo presidente Iván Duque, lo reconoció en medio de su alocución televisiva del pasado 26 de agosto, donde aseguró que “la lucha contra la corrupción es un deber moral que nos corresponde a todos y todos debemos contribuir: el Gobierno, los partidos, el sector privado, los ciudadanos, las entidades de control, el Congreso (…). La indignación del país frente al robo de los dineros de todos, frente al despilfarro, frente al desgreño, frente a la politiquería y al clientelismo, es un sentimiento generalizado que compartimos todos”.
Igualmente, las las líderes de esta campaña: Claudia López y Angélica Lozano, aseguraron que velarán para que los puntos que estaban dentro de la consulta se cumplan, como reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan la posibilidad de reclusión especial mientras pagan su condena y la obligación de realizar audiencias públicas para concertar presupuestos, entre otros.
