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La Misión de Observación Electoral, MOE, reveló este martes datos que evidencian cómo financiadores de campañas electorales en 2015 en el Tolima resultaron favorecidos con millonarios contratos en administraciones públicas del departamento.
El informe de la MOE precisó que en el Tolima un total de 15 personas hicieron donaciones por un total de $65 millones a campañas políticas alcaldías y gobernaciones. Estas mismas personas, según la investigación, recibieron 81 contratos por un valor de $2.060 millones.
El estudio también reveló que el Tolima ocupa el puesto ocho a nivel nacional en cuanto a contratos entregados a donantes a campañas. Los municipios donde más se evidenció esta práctica fueron Ibagué, Casabianca, Chaparral, Líbano, Melgar y Saldaña.
Para el caso de Ibagué, llama la atención que se hicieron tres donaciones por $10 millones para financiar campañas políticas en 2015. El valor de los contratos asignados para las personas que hicieron estas donaciones supera los $1.200 millones.
Aunque la MOE pudo establecer cuáles administraciones y gobiernos beneficiaron con cuantiosos contratos a estos donantes, la entidad no dio a conocer nombres y explicó que estos datos serán investigados por los respectivos organismos de control.
Al respecto, Gabriel Angarita, subcoordinador de Asuntos públicos y Transparencia de la MOE, comentó que “tenemos identificadas las personas, sean naturales o jurídicas, que hicieron estas donaciones y después recibieron contratación pública. Sin embargo, esta información fue presentada ante las autoridades para que sean ellas las encargadas de establecer si hubo algún delito”.
“En época electoral aumenta la contratación pública”
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De otra parte, Angarita advirtió que dentro de los estudios de la MOE se pudo establecer que en periodos electorales aumenta la contratación pública.
A propósito de este tema, y teniendo en cuenta el proyecto aprobado en el Concejo Municipal para aumentar la planta de la Alcaldía en 2019, año en el que justamente habrá elecciones regionales, el funcionario sostuvo que “consideramos que pueden existir algunas irregularidades y que por lo tanto los entes de control deben hacer una veeduría y tratar de prevenir delitos en la contratación, sobre todo cuando estamos llegando a una época electoral”.
La misma percepción tienen cabildantes como Camilo Delgado, quien indicó que ante el panorama político del próximo año deberá ponerse la lupa sobre estos nuevos contratos.
“Que se pretenda hacer esta reestructuración nos pone en la obligación de ejercer una estricta vigilancia a estos cargos para evitar manipulaciones políticas. No se puede ser tan ingenuo cuando hay tres exsecretarios de despacho y un exgerente de instituto que están en la arena política”, sostuvo Delgado.
