La suspensión de nueve meses que impuso la Procuraduría General de la Nación a 15 concejales y un exconcejal de Ibagué por la elección irregular del excontralor municipal Ramiro Sánchez provocó una incertidumbre política y administrativa en la ciudad. (Ver: Procuraduría confirma leve sanción a 15 concejales y un exconcejal de Ibagué)
Hasta el momento, nadie se atreve a responder -con absoluta certeza- dos interrogantes que dejó la leve sanción del Ministerio Público. ¿Los sancionados quedaron inhabilitados para participar en las elecciones locales de 2019? ¿El concejo de Ibagué tendrá que sesionar el año entrante con cuatro cabildantes?
Para Wilson Leal, uno de los abogados administrativistas más respetados de la región, sostiene que en principio los concejales 15 sí están inhabilitados y soportó su afirmación en un concepto (66351 de 2014) del Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a la consulta que hizo en su momento un aspirante al Senado de la República.
“En el caso de la persona que aspira a ser elegido Congresista, el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, señala que constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, encontrarse inhabilitado por una sanción disciplinaria. Por tanto, es claro que por el tiempo que dure la suspensión y la consecuente inhabilidad especial consistente en la imposibilidad de ejercer la función pública, al aspirante a Congresista no puede inscribir su candidatura”, sostiene el concepto. (Ver: Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública)
Otros abogados, que pidieron no ser identificados por tener relación con la Alcaldía de Ibagué, coinciden con Leal y sostienen que “la Ley 136 de 1994 dice que (los aspirantes) no pueden tener sanciones vigentes antes del momento de la inscripción”.
Sin embargo, como en el Derecho “todo es discutible”, otros profesionales aseguran que los concejales sancionados no estarían inhabilitados y podrían ser candidatos el año entrante.
“En sanciones disciplinarias hay suspensión simple, suspensión con inhabilidad y destitución con inhabilidad. En este caso solo es suspensión. Ese fue el gran regalo que le hizo la Procuraduría General a los amigos políticos del Tolima, los que parrandean con el procurador Carrillo”, dijo otro profesional.
Pero más allá de estas dos teorías, los sancionados tendrían otro camino: dilatar el proceso, no dejarse notificar e interponer acciones legales en contra del fallo, como lo hizo en su momento la exsenadora Piedad Córdoba.
“Si no hay un fallo en firme de aquí al 27 de junio, cuando inicia el periodo de inscripción de candidatos, ellos podrían aspirar”, aseguró otra fuente, cercana a la Procuraduría.
Ibagué se quedará con cuatro concejales el año entrante
En lo que si hay mayor coincidencia es en que los 15 concejales sancionados no podrán ser reemplazados, y eso provocaría que el Concejo Municipal tendrá que sesionar con los cuatro cabildantes que no votaron por el excontralor Ramiro Sánchez.
Ellos son: Martha Ruíz, Pedro Mora, Luis Alberto Lozano y Juan Pablo Salazar, este último reemplazó al también sancionado Carlos Portela, quien renunció a su curul para posesionarse como Secretario de Inclusión Social de la Gobernación del Tolima.
Para Harold Tinoco, uno de los veedores que denunció a los concejales de Ibagué, es “peligroso” que el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se quede con un Concejo Municipal con apenas cuatro cabildantes. (Ver: Procuraduría indaga presunto tráfico de influencias en el Concejo para favorecer al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo)
“Si Guillermo Alfonso Jaramillo hizo todas esas fechorías con 19 concejales: el predial, los millonarios créditos, la ampliación de la planta de personal de la Alcaldía, qué se puede esperar el año entrante con cuatro concejales. Eso es abiertamente inconstitucional. Es una amenaza para la capital del Tolima que el Alcalde se quede con cuatro concejales de bolsillo”, aseveró Tinoco.
El veedor les pidió a los 15 concejales sancionados que no le hagan más daño a la ciudad y que renuncien a sus curules para que puedan ser reemplazados por quienes quedaron detrás de ellos en las elecciones locales de 2015.
Hasta el momento, ninguno de los sancionados se ha pronunciado.
Carlos Portela, el menos afectado
Sobre el caso del exconcejal conservador Carlos Portela, hoy secretario de Inclusión Social del Tolima, los abogados consultados coincidieron en que podrá continuar ejerciendo su cargo sin problema.
La suspensión que impuso la Procuraduría “implica la separación del cargo en donde se competió la falta, y él ya no es concejal. Así que no lo afecta ahora como secretario de despacho”, concluyeron las fuentes consultadas por EL OLFATO.
Los sancionados son:
- Camilo Delgado, partido Liberal.
- Ernesto Ortiz, partido Liberal.
- Carlos Andrés Castro, partido Liberal.
- Humberto Quintero, partido Cambio Radical.
- Víctor Hugo Gracia, partido Cambio Radical.
- Oswaldo Rubio, La Rosita (Liberal) –Cuñado senador Guillermo Santos.
- Marco Tulio Quiroga, La Rosita (Liberal).
- Juan Ávila, movimiento MAIS.
- Harol Lopera, movimiento Mira.
- Víctor Julio Ariza, AICO (Pompilio Avendaño).
- Hasbledy Morales Lozano, partido Centro Democrático.
- William Santiago Molina, movimiento Firmes por Ibagué.
- William Rosas, partido Verde.
- Linda Perdomo, partido Verde.
- Jorge Bolívar, partido Conservador.
- Carlos Portela, exconcejal y actual secretario de Inclusión Social.