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Ligia Aguilar Gómez, quien fue declarada insubsistente en abril de este año cuando ejercía como procuradora provincial de Ibagué por supuestamente solicitarle dinero en calidad de préstamos a sus investigados, fue contratada recientemente por la Gobernación del Tolima. (Ver contrato de Ligia Aguilar con la Gobernación)
Según se observa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), la exprocuradora, quien fue contratada por un plazo de 111 días en la Dirección Operativa del Departamento Administrativo del Tránsito y Transporte, se ganará en este tiempo un total de $29’600.000.
Aguilar Gómez recibiría esta importante suma por contestar derechos de petición y tutelas allegadas a esta oficina de la Gobernación, así como por asesorarlos jurídicamente. (Ver: Declaran insubsistente a la procuradora de Ibagué Ligia Aguilar)
Al menos, así lo deja entrever el objeto plasmado en su contrato: “contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado especialista para asesorar jurídicamente al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en desarrollo del proyecto ‘mejoramiento de la movilidad con cultura de transito y seguridad vial en el Tolima'».
Dentro de este documento también se observa que antes de firmar su contratación con la administración departamental, la exprocuradora declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades para asumir el cargo.
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Aquí es importante recordar que hasta hace pocos meses, exactamente seis, le fue dictado pliego de cargos por la Veeduría de la Procuraduría General, después de una queja presentada por Silverio Gómez, exalcalde del municipio de San Luis, quien denunció a la entonces procuradora provincial por tomar retaliaciones en su contra al no poder facilitar una alta suma de dinero minutos antes de iniciar una audiencia en su contra. (Ver: El exalcalde de San Luis que se atrevió a denunciar por corrupción a la procuradora Ligia Aguilar)
Una investigación que, por cierto, pudo conocer EL OLFATO, se encuentra en manos del Viceprocurador, pues el exalcalde Silverio Gómez apeló la decisión de la Veeduría de archivar el caso por falta de pruebas y sustento de los señalamientos presentados.
La contratación de Aguilar coincide con una importante decisión que tendrá que adoptar su esposo, el magistrado José Arleth Ruiz, quien hace parte del Tribunal Admistrativo del Tolima, encargado de fallar la demanda de nulidad electoral que cursa en contra del rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía. (Ver: La Procuradora de Ibagué que se dedicó a archivar investigaciones)
En pocas palabras, esta decisión determinará si Mejía puede o no seguir al frente del Alma Máter del departamento.
