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El exmagistrado ibaguereño Leonidas Bustos, investigado por su presunta participación en ‘El cartel de la toga’, recusó una vez más al representante Edward Rodríguez, encargado de su caso ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
Según Bustos, la acción fue interpuesta porque Rodríguez estaría opinando públicamente sobre este proceso a través de videos en los que señala al exmagistrado de ser corrupto. Estos actos, dice el ibaguereño, son los que va a probar o negar la Comisión de Investigación.
“Me he visto en la necesidad de recusar nuevamente al representante Edward David Rodríguez, por cuanto que ha emitido opiniones por fuera del proceso a través de su perfil político en Facebook (…) ha exhibido dos videos: en uno me muestra como corrupto, cuando son precisamente los supuestos actos de corrupción los que debe demostrar o negar la Comisión de Investigación; en el segundo, demuestra un desprecio absoluto por el debido proceso, por los derechos fundamentales y ante una pregunta del periodista sobre por qué no me ha capturado, responde: “lamentablemente, no tengo esa competencia”, lo que demuestra que si la hubiese tenido, ya hubiese ordenado mi captura sin haber hecho ninguna clase de investigación”, dice el exmagistrado.
Asimismo, Bustos exigió a todos los integrantes de la Comisión de Investigación que le sean respetados sus derechos y garantías fundamentales en el proceso que enfrenta.
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“Que me den la oportunidad de demostrar mi inocencia, porque el supuesto “cartel de la toga” no existe. Todo es una invención del exfiscal Gustavo Moreno para obtener beneficios judiciales y proteger a su esposa de una captura”, manifestó Bustos.
El pasado 15 de noviembre, mediante otro recurso de recusación, Bustos les pidió a los representantes investigadores Fabio Arroyave y Edward Rodríguez apartarse del caso, al considerar que se habrían alejado de la imparcialidad durante la investigación.
En este caso también son investigados el magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, y el exmagistrado Francisco Ricaurte, quienes al parecer habrían exigido millonarias sumas de dinero a congresistas y servidores públicos para favorecerlos en procesos que se llevaban en su contra en el alto tribunal.
