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Un juez de Ibagué negó la solicitud de nulidad de la imputación y de la medida de aseguramiento domiciliaria que pesa sobre el exalcalde de Herveo, José Albeiro Giraldo Herrera, investigado por hechos de corrupción.
El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué no dio mérito a la solicitud que hizo la defensa del exmandatario justo cuando la Fiscalía se disponía a realizar la audiencia de acusación.
La defensa de Giraldo argumentó que la juez del caso no era competente, pero el despacho no le dio la razón. Sin embargo, la decisión del juez fue apelada ante el Tribunal Superior de Ibagué.
Así las cosas, el exalcalde José Albeiro Giraldo Herrera, imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y peculado por apropiación, seguirá privado de la libertad en su domicilio.
Al mismo proceso está vinculado su exsecretario de Desarrollo, Gélver González Hincapié.
Debido a la decisión del juzgado, la Fiscalía quedó a la espera de una nueva fecha para realizar la audiencia de acusación.
Los hechos por los que son investigados ocurrieron en el año 2015, cuando el exalcalde habría incurrido en irregularidades en el proceso de contratación de un convenio de cooperación con la fundación Unidos Todos por Colombia.
El contrato tenía por objeto celebrar las actividades del Quinto Festival Folclórico y del Retorno y Día del Campesino, que se realizarían del 12 al 15 de julio en Herveo, con un valor aproximado fue de $120 millones.
“El dinero aportado por la Alcaldía sería de $110 millones y la fundación contratada aportaría en bienes y servicios la suma de $10 millones”, reveló la Fiscalía.
Según el ente investigador, el convenio se suscribió con un único oferente, además no se hicieron las publicaciones de Ley, sino que a través de una red social se informó acerca de la celebración del Festival, dando por hecho que los interesados se enterarían y presentarían las propuestas.
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El entonces secretario de Desarrollo, en presunta coautoría con el burgomaestre, permitió celebrar el convenio sin considerar las deficiencias en idoneidad, trasparencia y economía.
La entonces representante legal de la Fundación abrió una cuenta con el nombre del convenio para recibir como anticipo el 50% en la suscripción, y el valor restante al presentar el cronograma de actividades, afirma la Fiscalía.
La cuenta se activó en un banco con la denominación de convenio de cooperación interinstitucional en la capital del Tolima, con un primer movimiento el 11 de junio de 2015 cuando se recibió uno de los anticipos por valor de $55 millones, siendo retirados el mismo día.
Un segundo abono se realizó el 9 de julio siguiente por $55 millones, y se efectuó un retiro el mismo día de $7 millones, y un retiro final por $47 millones.
Es así como tres meses después de liquidado el contrato el mandatario local se comunicó con la representante legal de la fundación y le indicó que le allegarían contratos de las orquestas que participaron en las festividades para que ella los firmara.
Sin embargo, se determinó que nada de lo establecido en esos contratos se cumplió y que las actividades desarrolladas no se hicieron a través de dicha Fundación.
El valor total del contrato no fue ejecutado y los dineros que no se invirtieron al parecer se entregaron como contraprestación a la representante de la entidad, quien se prestaría para legalizar el contrato
