Es de conocimiento público, que la construcción de los escenarios deportivos con ocasión a los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales de Ibagué, era la crónica de una muerte anunciada, pues además de las denuncias en donde se alertaba que las contrataciones estaban direccionadas, al evidenciarse que las licitaciones eran de un único oferente, se sabía que los tiempos eran ajustados e imposibles de cumplir.
Basta con hacer un recuento rápido, para ver que los tiempos no daban, pues el proyecto arrancó en diciembre de 2013, con el reto irresponsable de hacer contra reloj los diseños en seis meses, para luego ser avalados por Coldeportes y así se autorizara la transferencia de los recursos al Municipio, para que este a su vez, expidiera las disponibilidades presupuestales, hiciera estudios del sector o mercado, publicara las condiciones de la licitación, llevara a cabo el proceso de selección en los tiempos legales, adjudicara, y suscribiera acta de inicio de obra con los contratistas .
Era claro entonces, que hacer unos diseños contratiempo implicaba una deficiente planeación que conllevaría ineludiblemente al fracaso de la construcción de los escenarios deportivos de la ciudad, más aún, cuando es de público conocimiento que la empresa española Typsa no tuvo interventoría.
Es por esto, que la debacle de los Juegos Nacionales en Ibagué, por la falta de planeación y corrupción desde la estructuración de los diseños, significó que los escenarios quedaran inconclusos para nuestros deportistas.
Ante lo sucedido por la desidia de los funcionarios encargados de realizar las Justas Deportivas del año 2015, era un deber legal y un acto de responsabilidad de la nueva administración municipal, determinar el estado actual de las obras y saber si lo poco construido cumplía con la normatividad técnica constructiva y de seguridad.
El estado actual de las obras, fue determinado por el máximo órgano consultivo del Estado en ingeniería, esto es, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el cual concluyó que gran parte de lo construido en el Parque Deportivo y la Unidad de la 42, no cumplía con la técnica constructiva, y que en el parque habría que desmontar construcciones por riesgo de colapso, pues se pondría en peligro la integridad física de quienes transiten por los escenarios incompletos.
Esta acertada decisión administrativa del gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, a mi juicio, evitó que se siguiera construyendo sobre obras a medio hacer que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad y calidad técnica constructiva, librando a la ciudad de una eventual tragedia como la ocurrida en el colapso de la tribuna occidental del estadio Plazas Alcid, en donde hubo cerca de dos personas muertas, pese a que la construcción de dicho escenario si había terminado.
Ahora bien, la nueva administración de Ibagué pretende recuperar los escenarios deportivos con responsabilidad y legalidad, para entregar unos escenarios deportivos que cumplan con las condiciones de seguridad que garanticen la integridad física y la vida de los ciudadanos que hagan uso de ellos.
Para la culminación de estos escenarios, la alcaldía de Ibagué junto con Coldeportes están estructurando dos procesos de concurso de méritos, uno para la selección de un contratista que realizará el ajuste a los diseños, los presupuestos, y que establecerá tiempos o cronogramas de obra requeridos para la terminación de cada escenario deportivo, y el segundo, para la escogencia de un interventor que técnicamente vigile y avale los ajustes de los diseños.
Una vez obtenidos los ajustes a los diseños de cada escenario deportivo, con sus correspondientes presupuestos, se entrará a licitar las obras para seleccionar los contratistas constructores y también sus respectivas interventorías, los cuales tendrán la responsabilidad de terminar las obras.
Asimismo, se hará una licitación por cada escenario deportivo de acuerdo a la priorización establecida, con el fin de ir entregando los escenarios que están actualmente en un mayor avance de ejecución.
Por otro lado, las liquidaciones de los contratos que se celebraron para los fallidos Juegos Nacionales, se están haciendo con la responsabilidad, el detalle y legalidad del caso, pues la realización de las liquidaciones son de suma responsabilidad para quienes la suscriben, al punto que el Código Penal, en su artículo 410, estableció que pueden incurrir en el delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.
Posteriormente, se procederá a la liquidación de los 12 convenios interadministrativos tripartitas suscritos entre Coldeportes, la Gobernación del Tolima y el Municipio, los cuales se hicieron para cumplir con los Juegos Nacionales, pues estos tres Entes del orden Nacional, Departamental y Municipal, eran los responsables de que las Justas Deportivas se realizaran, y no como equivocadamente se puede creer que la responsabilidad recaía y recae solo en el Municipio de Ibagué, para la terminación de los escenarios deportivos.
La importancia de estas liquidaciones, es que los recursos que no se alcanzaron a perder, puedan ser liberados para reinvertirlos en la terminación de los tan anhelados escenarios que debieron ser entregados en el 2015.
Todas estas actividades desarrolladas de manera paralela, son necesarias para poder contar con los recursos y para entregar unos escenarios que cumplan con las condiciones técnicas, en el marco de la responsabilidad y legalidad.
