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Daniel Felipe Soto es abogado, fue Director de Justicia de la Alcaldía de Ibagué y desde finales de octubre se desempeña como secretario de Gobierno Municipal encargado, tras la dimisión de Marco Emilio Hincapié, quien renunció para aspirar a la Asamblea del Tolima.
Soto Mejía aceptó ocupar ese cargo pese a que durante el último año habría incurrido en un conflicto de intereses, lo cual podría provocarle una grave sanción disciplinaria, que va desde la destitución hasta la inhabilidad para ocupar cargos públicos por más de 10 años.
Resulta que el ahora Secretario de Gobierno (E), mientras ocupó la Dirección de Justicia, tuvo a su cargo la supervisión de dos contratos de prestación de servicios celebrados de manera directa, es decir a dedo, con Juan Pablo Carvajal Soto, quien resultó ser su primo.
Carvajal Soto suscribió los contratos, uno en enero (ver contrato) y otro en septiembre de este año (ver contrato), por $17.100.000, para trabajar directamente con su primo (el Director de Justicia), quien tenía la obligación de supervisar su trabajo y certificar las cuentas que presentaba para cobrar sus honorarios mensuales.
Así aparece consignado en los informes que presentó Juan Pablo Carvajal Soto ante la Secretaría de Hacienda de Ibagué para tramitar sus pagos.
Por ejemplo, en la certificación del 2 de abril de este año, el director de Justicia, Daniel Felipe Soto, asegura que su primo cumplió con las obligaciones contractuales durante el mes de marzo. (Ver: Certificado del contratista Juan Pablo Carvajal Soto)
Este documento es indispensable para el desembolso de los honorarios y muchos contratistas, los que no tienen familiares como supervisores, tienen que muchas veces hasta rogar para que se las expidan con prontitud.
Sobre estos hechos, el secretario Daniel Felipe Soto dialogó con EL OLFATO y aceptó su parentesco directo con el contratista Juan Pablo Carvajal Soto, pero aseguró que su primo tramitaba sus informes sin que mediara “ningún tipo de favor”.
Dijo además que su pariente podía ser contratado por la Secretaría de Gobierno porque el ordenador del gasto, en ese momento, era Marco Emilio Hincapié, y no él. “Aquí no hay ningún tipo de inhabilidad porque yo en ese momento no era el ordenador del gasto”, reiteró.
Sin embargo, en ambos contratos aparece su designación y su firma como supervisor, y no advirtió el vínculo que los unía.
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Otro hecho que seguramente será objeto de investigación es que, en el momento de posesionarse como Secretario de Gobierno encargado, en octubre, su primo todavía era contratista de esa dependencia. Ante el riesgo de una inhabilidad, el contrato fue cedido a otra persona hace unos 15 días, explicó Soto.
Abogados expertos en derecho administrativo sostienen que el secretario de Gobierno (E) de Ibagué habría violado las normas disciplinarias al no declararse impedido para supervisar los contratos de su familiar, sobre todo cuando se trata de un servidor público que es abogado y debía conocer el conflicto de intereses en el que se encontraría incurso.
¿Pago de favores políticos?
Ahora, los órganos de control tendrán también que determinar si en este caso se presentó un presunto tráfico de influencias porque nadie explica cómo Juan Pablo Carvajal Soto consiguió dos contratos de prestación de servicios en la Secretaría de Gobierno, precisamente para trabajar bajo el mando de su propio primo.
Lo cierto es que el contratista Carvajal Soto tiene como referencia personal, en la hoja de vida, a su primo Daniel Felipe Soto, como consta en los soportes oficiales a los que tuvo acceso esta redacción.
Siempre han sido muy unidos. En las pasadas elecciones locales de 2015, el hoy secretario de Gobierno aspiró al Concejo de Ibagué por el partido político Mais (que avaló al alcalde Jaramillo) y obtuvo apenas 517 votos.
Tras su revés electoral ingresó como funcionario a la Secretaría de Gobierno de Ibagué y trajo consigo a su primo, quien trabajó en su campaña política de hace tres años, como se observa en las fotografías oficiales del partido Mais.
