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La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación se unieron para presentar un proyecto de ley, que, de aprobarse, sancionaría al personal que presta servicios de salud por negar, retrasar u obstaculizar la atención a los pacientes; con penas de cárcel que van hasta los ocho años, apertura de investigaciones disciplinarias y condenas fiscales.
El contralor Edgardo Maya Villazón y el procurador Fernando Carrillo Flórez, radicaron un proyecto de ley que por primera vez establece sanciones contundentes y efectivas por los casos de negación de los servicios de salud, tan recurrentes que han llevado a que el sistema de justicia esté inundado de tutelas por tal motivo, lo que comúnmente se ha denominado “el paseo de la muerte”, en el cual un paciente es rechazado en un centro hospitalario y se le remite a otro y otro, corriendo el riesgo de perder la vida.
“Lo más importante de este proyecto es la imposición de una sanción, no a la entidad, sino al servidor que niega u obstaculiza el servicio”, destacó el Contralor.
La sanción se particulariza en el individuo. “Usted es el que estaba en urgencias y usted es el que tiene que responder por negar la prestación del servicio”, explicó.
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La tipificación penal de estas conductas va hacer a pensar a los prestadores de los servicios de salud qué es lo que van hacer, porque van a tener unas consecuencias penales, disciplinarias y fiscales que hoy no tienen, resaltó el jefe del organismo de control.
Según anunció el Contralor, en la próxima legislatura se presentará un segundo proyecto de ley sobre el tema, con el cual se buscará determinar la responsabilidad penal de las empresas prestadoras de servicios de salud.
“Esto va a quedar redondeado, para efecto de proteger el derecho fundamental y el servicio púbico de la salud”, anotó.
