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Para usar o explotar un bien público se necesita un contrato o un convenio entre la entidad del Estado y la persona o empresa privada que utilizará el inmueble.
Pareciera algo obvio, pero en Ibagué no lo es tanto, según el proceder de la procuradora provincial Ligia Aguilar, la funcionaria encargada de vigilar el comportamiento de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal.
ELOLFATO.COM puso en conocimiento de la señora Aguilar que el gerente del IMDRI, Carlos Heberto Ángel, permitió el uso del estadio Manuel Murillo Toro por parte del Club Deportes Tolima sin que existiera un contrato o un convenio entre las partes, pero a pesar de las evidencias y la misma confesión del funcionario decidió archivar el proceso.
La Procuraduría acomodó la interpretación de un Acuerdo del Concejo de Ibagué sobre el uso del estadio para favorecer al cuestionado funcionario y argumentó -de manera equivocada- que el Club Deportes Tolima es una institución “sin ánimo de lucro” a la que por esa condición le “regalan” los balones y los uniformes.
La historia
Este portal solicitó en febrero de 2014, a través de un derecho de petición, que el IMDRI informara qué tipo de acuerdo tenía con el Club Deportes Tolima, qué compromisos tenían las partes y entregara copia del contrato que soportaba la utilización de este bien público.
Carlos Heberto Ángel respondió que en ese momento -marzo 5 de 2014- que no había ningún contrato ni existía remuneración alguna por la explotación del escenario deportivo. Sin embargo, el equipo del exsenador Gabriel Camargo entrenaba tres veces en la semana y jugaba sus partidos en el estadio, como si fuera de su propiedad.
“El IMDRI y el Club Deportes Tolima S.A. adelantan conversaciones y negociaciones para definir los parámetros económicos bajo principios de economía y equidad para que el Club Deportivo utilice el Estadio Manuel Murillo Toro (…) El canon de arrendamiento será definido en las reuniones y negociaciones que se adelantan con el Club Deportes Tolima S.A.”, aseguró Ángel en la respuesta del derecho de petición.
Con tan contundente evidencia, acudimos a la Procuraduría Provincial de Ibagué y este despacho inició una indagación preliminar.
Así ‘taparon’ la falta
El 21 de marzo de 2014 se radicó la queja. Se le informó a la señora Aguilar que el Club Deportes Tolima no tenía ningún contrato con el IMDRI y aun así “utilizaba el estadio, un bien público”.
Tal parece que el proceso estuvo ‘engavetado’ por lo menos ocho meses. En noviembre pasado, el gerente del IMDRI respondió un cuestionario que le formuló la Procuraduría sobre el uso del estadio Manuel Murillo Toro.
Ángel dijo que el Acuerdo 007 de 2008, presentado por el exalcalde Jesús María Botero y aprobado por el Concejo de Ibagué, exoneraba del pago de arrendamiento al Club Deportes Tolima por “los partidos profesionales fútbol”. También reconoció que sí era necesario suscribir un contrato pero que “con posterioridad le allegaré”. (Ver Acuerdo 007 de 2008)
Dos cosas hay que precisar en este punto. Primero: Sí es cierto que el Club Deportes Tolima está exonerado del pago de arriendo por los partidos de fútbol del torneo profesional, pero ese no es el único uso que le daba el exsenador al estadio de los ibaguereños. Allí entrenaba su equipo hasta tres veces por semana y realizaba partidos amistosos de pretemporada. Para esos otros usos no tenía exoneración alguna, según el Acuerdo 007 de 2008.
Segundo: Si el señor Ángel contestó el cuestionario de la Procuraduría el 27 de noviembre de 2014, y aún no había un contrato entre las partes, quiere decir que nunca legalizó el préstamo del bien.
Pero estos dos hechos no los vio la procuradora Ligia Aguilar o ¿No los quiso ver? “No existe comportamiento irregular que amerite proseguir con la presente actuación” y procedió a “abstenerse de abrir investigación disciplinaria contra el señor Carlos Heberto Ángel Torres”. (Ver decisión de la Procuradora Aguilar)
¿Deportes Tolima sin ánimo de lucro?
Llamó poderosamente la atención que para la Procuraduría Provincial de Ibagué el Club Deportes Tolima es una institución sin ánimo de lucro y que casi vive de la caridad, según sus consideraciones.
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Dice en su decisión: “La transmisión de los partidos de fútbol es gratis, los derechos de televisión los recauda la Dimayor, y a todos sus participantes les gira una suma determinada, los uniformes y los balones se los regalan, etc. Por lo que queda establecido que al no ser una actividad lucrativa del Club Deportes Tolima y ser los partidos de fútbol una actividad deportiva relacionada con la cultura e idiosincrasia de las regiones, se encuadra dentro del Acuerdo aludido (Nro. 007/2008), el préstamo de las instalaciones del Estadio Manuel Murillo Toro a dicho Club”.
La procuradora agrega en su argumentación el que señor Camargo paga la seguridad social de sus jugadores gracias a que “el grupo empresarial Ardila Lulle les regala los dineros para que paguen los parafiscales”.
Se nota que la funcionaria no está enterada que el Club Deportes Tolima es una Sociedad Anónima y que anualmente debe entregarle la información de sus movimientos tanto a Coldeportes como a la Superintendencia de Sociedades.
Este portal indagó en estas dos entidades y encontró que don Gabriel Camargo, al que le regalan los balones y los uniformes, recibió en el 2014:
1. $3.033 millones de pesos en publicidad. (Ver documento de publicidad 2014)
2. $1.619 millones por concepto de boletería.
3. $2.848 millones por la trasmisión de los partidos de fútbol.
4. $1.599 millones de pesos que le ganó a un club saudí por los derechos de Gustavo Bolívar.
5. $209 millones de pesos por las ventas de camisetas.
Solo en estos cinco ítems recibió más de $9.000 millones, y sin contar 4 millones de dólares que obtuvo por la venta de Yimmy Chará a ‘Los rayados’ de Monterrey, cifra informada por los medios mexicanos. (Ver enlace)
Con esas cifras queda claro que el Club Deportes Tolima no es ninguna institución sin ánimo de lucro y que sus ganancias son tan considerables que debería contribuirle en algo a la ciudad. Pero en diciembre pasado, el alcalde Luis H. Rodríguez, exoneró al exsenador Camargo del pago del impuesto de Industria y Comercio, lo que permite que sus jugosas ganancias no se reduzcan.
Y tampoco hay sanción por el robo de los cheques del IMDRI
La procuradora Aguilar tampoco ha tomado ninguna decisión discplinaria por el robo de más de $18 millones en el IMDRI, escándalo en el que resultaron involcrados el gerente Ángel y la exdirectora administrativa Lina Celis, entre otras personas. (Ver Así se robaron $18 millones del IMDRI)
La irregularidad se probó, ya la Contraloría de Ibagué emitió un fallo de responsabilidad fiscal y los hizo reintegrar el dinero, pero en la Procuraduría local avanzan a otro ritmo. (Vea quiénes debieron responder por el robo del IMDRI)
