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El Juez Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Ibagué, quien lleva el caso del exsecretario de Hacienda Oswaldo Mestre, no solo avaló el preacuerdo alcanzado entre el exfuncionario y la Fiscalía, sino que hizo duros cuestionamientos a los exservidores públicos que participaron en el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015. (Ver: Oswaldo Mestre pagará seis años de cárcel y devolverá $450 millones)
Al concluir la diligencia judicial, el togado dijo que no tenía duda que en la planeación y ejecución del millonario proyecto deportivo operó una «empresa criminal», integrada por exasesores y exfuncionarios como el próximamente condenado Oswaldo Mestre, quien fue uno de los hombres de entera confianza del exalcalde Luis H. Rodríguez. (Ver: Juez pide a la Fiscalía que investigue a Luis H. Rodríguez por el desfalco de los Juegos Nacionales)
Aseguró que en el caso puntual del contrato de estudios y diseños, que obtuvo de manera ilícita la multinacional española Typsa, por valor de $11.500 millones, se manipuló el proceso de principio a fin para que un grupo de exservidores públicos pudiera enriquecerse indebidamente.
«En este caso, insistió la Fiscalía, -el contrato- debía direccionarse hacia la Secretaría de Infraestructura, que era la llamada -a ejecutar el proyecto- dado su objeto contractual; pues se direccionó hacia el Imdri donde estaba el otro el eslabón -Orlando Arciniegas y Carlos Heberto Ángel- (…) No se le puede dar otro nombre a esto: era una empresa criminal«, afirmó el juez.
Y los recursos que gestionó Oswaldo Mestre llegaron al Imdri para hacer la repartición del millonario botín que pagó Typsa por concepto de coimas, afirmó.
«Necesariamente tenía que realizarse -el contrato- sin el cumplimiento de requisitos legales, y por esta vía llegar al detrimento patrimonial, al peculado por apropiación, que se calculó en $1.500 millones, y que de acuerdo a la división o reparto de trabajo criminal, al aquí acusado -Mestre- le correspondían $450 millones. Eso está plenamente demostrado», subrayó. (Ver: Arciniegas confesó que le dio $450 millones a Oswaldo Mestre)
El juez de conocimiento asimismo expresó que la clase política y los servidores públicos deben tener «lealtad y transparencia» en el desempeño de sus funciones, porque el dinero oficial que tienen en sus manos debe terminar en programas que beneficien a la sociedad y no en sus cuentas personales.
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«El funcionario público debe evitar cualquier conducta que vaya en detrimento de la administración pública (…) Porque lo que está haciendo un funcionario público cuando comete este tipo de conductas es desviar unos dineros que deben ir a programas sociales (…) Esos delitos son supremamente graves, porque todos esos recursos, se vuelven patrimonio de los funcionarios públicos«, argumentó.
Finalmente, el juez destacó la investigación que adelantó la fiscal 22 de delitos contra la administración pública en contra de Oswaldo Mestre, quien debido a las sólidas pruebas que se presentaron en su contra no tuvo otro camino que aceptar los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y contrato sin requisitos legales, y devolver los $450 millones que obtuvo ilícitamente en este contrato.
Oswaldo Mestre se convertirá en el segundo exfuncionario de la administración de Luis H. Rodríguez condenado por esta millonaria defraudación a las finanzas de la ciudad. El primero fue Carlos Herberto Ángel, exdirector del Imdri, quien tiene tres condenas en su contra, la más alta a 12 años de prisión. (Ver: Confirman sentencia de 12 años de cárcel en contra de Carlos Heberto Ángel)
Junto a ellos también tienen sentencias condenatorias Orlando Arciniegas (36 años), Wilmer Manchola (16 años) y Amaury Elías Blanquicet (6 años), estos dos últimos fueron los testaferros del polémico exasesor jurídico del exalcalde Rodríguez.
