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En Ibagué, entre los meses de enero y marzo de 2015, se vendieron unas dos mil 600 motocicletas nuevas, es decir, unas 28 motos diarias, según las cifras de Fenalco.
En la ciudad hay matriculadas unas 82 mil 305 motos. De acuerdo, con los datos oficiales de 518 accidentes, reportados en el último trimestre de 2014, al menos 149 tuvieron que ver con estos vehículos. (Vea En Ibagué hay más motos que carros ¿deben tener pico y placa?)
Expertos en movilidad cuestionaron la responsabilidad de los concesionarios y las autoridades, en este tema, al decir que se debía tener en cuenta la vida de las personas, por encima de las ventas.
Mientras tanto, el gremio de motocicletas se defendió argumentando la libertad de compra de bienes y la poca regulación por parte de las administraciones locales.
Inexperiencia de los motociclistas
Para nadie es un secreto, que algunos motociclistas son imprudentes, transitan de un carril a otro, adelantan sin precaución, realizan giros prohibidos y hasta invaden andenes para evadir trancones.
Por eso en muchas ocasiones, resultan siendo responsables de gran parte de los accidentes de tránsito que se registran a diario en Ibagué, y otras ciudades del país.
La mayoría de las veces esto se debe a que los conductores no saben manejar, desconocen las normas y señales de movilidad, porque aprendieron a manejar con un familiar o un amigo, sin la ayuda de un profesional.
En la ciudad existen unos seis concesionarios de motos y para comprar, un vehículo de estos, sólo se necesita la cédula y el dinero para pagar la cuota inicial. No es necesario saber manejar, tener pase o conocer las señales de tránsito.
De hecho, los precios de las motos no son muy elevados, en promedio puede costar entre tres millones 790 mil hasta tres millones 600 mil pesos, por lo que se convierte en el medio de transporte privado, más fácil de adquirir y pagar.
“Problema de cultura ciudadana no del gremio”
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Claudia Rojas, representante del sector de motocicletas en Fenalco, dice que los índices de accidentalidad de motos tienen que ver más con la cultura de los ciudadanos, que con la comercialización de las mismas.
Pues las empresas “no podemos negarle a nadie comprar una motocicleta, porque no sabe conducir o no tiene pase, o si tiene multas, porque seria violarle a la gente el derecho de adquirir un bien”, explicó.
Por eso para Rojas, lo único que pueden hacer los concesionarios, como en el caso de Honda, es permitir que los usuarios utilicen un simulador para ver el número de infracciones que comenten.
“En el simulador Honda invitamos a que los clientes antes y después de la compra hagan uso de él. Así al final de la prueba, este arroja un reporte de cómo estuvo el comportamiento frente a las normas de tránsito (…) y se le hacen algunas recomendaciones”, manifestó.
Adicional a esto, se entregan algunos volantes a los conductores. Y, en algunas empresas “se dictan talleres gratuitos de seguridad vial, cuatro veces al mes. También, una vez al año, durante un mes todos los días hacemos este tipo de campañas”, puntualizó.
“Promover regulación, una responsabilidad ética”
Expertos en movilidad y transporte coincidieron en señalar que el problema radica básicamente en dos aspectos: el primero, las pocas regulaciones a la industria de las motos, así como la desarticulación con las autoridades sobre la entrega de las licencias de conducción. Y el segundo, la falta de educación vial.
Para Edgar Ramiro Jiménez, doctor en sistemas de transporte y docente de la Universidad de Ibagué, “los concesionarios no pueden restringir la venta de motos, pero sí hacer una especie de “lobby” para que exista una regulación, al momento de obtener las licencias de conducción”, señaló.
Para él, “no toda la responsabilidad recae sobre los concesionarios. Viene también de las autoridades. Si se exige preparación previa para obtener el pase, esto impediría que muchas personas que no están capacitadas para manejar, compren motocicletas”, añadió.
En el mismo sentido, se manifestó Carlos Augusto Kafure, doctor en ingeniería civil y urbanismo, y profesor de la Universidad del Tolima. Para Kafure, “la moto viene junto con el pase (…) y muchas veces las concesionarias son quienes hacen el trámite, así que le corresponde a las autoridades controlar, la manera como se otorgan estas licencias”, afirmó.
Si no hay reglamentación, “cualquier campaña de educación vial, resulta ser un pañito de agua tibia. Es necesario que el ente quien controla, certifique que la persona conoce las normas de tránsito y está en condiciones de conducir una moto”, advirtió.
Finalmente, ambos profesores coincidieron en apuntar, “es algo de voluntad. Una responsabilidad ética, tanto de los concesionarios como de las autoridades, regular y educar a los conductores”.
Sin duda, esta es una cuestión que genera posiciones encontradas. Pues en Colombia no existe ni siquiera una ley o un código que regule, el tema de las motos.
