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Para la Contraloría General de la República, en el Tolima se le dio un menejo ineficaz, ineficiente y antieconómico a los recursos del Sistema General de Participaciones durante el año 2014. Esa es la conclusión que dejó una auditoría practicada por este ente de control fiscal a la Gobernación del Tolima y los municipios de Ibagué, Purificación, Armero Guayabal y Lérida.
Los hallazgos con alcance fiscal se estiman $4.399 millones de pesos. De este monto, $3.803 millones corresponden a presuntos hallazgos fiscales detectados en la Gobernación, otros $425 millones a Ibagué, $161 millones a Purificación y algo más de $7 millones a Armero Guayabal.
"El manejo de los recursos SGP destinados a salud pública, población pobre no afiliada (PPNA), educación calidad educativa y alimentación escolar, fue ineficaz, ineficiente y antieconómico", dice el informe divulgado este martes.
En Salud Pública, la CGR encontró que no obstante las acciones definidas y desarrolladas en todo el departamento guardan coherencia con todas las actividades catalogadas como prioritarias por el Ministerio de Protección Social, los entes territoriales decidieron contratar vía convenio con los hospitales públicos, la ejecución de las actividades relacionadas y éstos las subcontrataron con particulares.
Y sin estar pactado en los referidos convenios porcentaje alguno de administración por la labor de intermediación contractual, se quedaron en las tesorerías de los hospitales aproximadamente $1.000 millones de la salud pública transferida al Tolima.
Lo anterior significa que esta porción de recursos de salud pública no cumplió su cometido de llegar a la comunidad, sino que se constituyó en un salvavidas financiero de los hospitales públicos.
La Contraloría encontró que la capital del departamento del Tolima, Ibagué, registra inejecución de los recursos de salud pública en cuantía de $1.690 millones: $562 millones que no fueron ejecutados del presupuesto 2014 y $1.128 millones que vienen de la vigencia 2013 y que no fueron incorporados ni al presupuesto 2014 ni al de 2015.
También se determinó que los entes territoriales se limitan a transferir los recursos a los hospitales, sin ejercer un efectivo control y seguimiento a la ejecución y efectividad de las actividades pactadas.
Población pobre no afiliada e Inversión en calidad educativa
En cuanto a Población pobre no afiliada, el servicio es prestado por los hospitales públicos, que han realizado conciliación parcial de los recursos girados directamente por la Nación a los fondos de pensiones y cesantías; y en la parcialidad de la conciliación ya se reflejan saldos a favor del Estado por $860 millones aproximadamente, sin que se haya gestionado la devolución de los mismos.
Específicamente, el departamento del Tolima canceló $3.200 millones por concepto de medicamentos y tratamientos médicos que a partir del 1 de julio de 2012 se incluyeron en el Plan Obligatorio de Salud y en consecuencia esta obligación le corresponde asumirla a las respectivas EPS. De estos $3.200 millones, $2.200 millones le corresponden a CAPRECOM EPS Pública y $1.000 millones a EPS privadas.
En cuanto a la inversión en calidad educativa, se observó que la ejecución de los recursos en la mayoría de los municipios del departamento del Tolima no fue oportuna ni continua, porque su ejecución solo se produjo a partir del mes de agosto de 2014, dejando de implementar las estrategias durante los primeros siete meses del año.
El único ente territorial que hizo la contratación de servicios educativos fue Ibagué, que la fundamentó en un estudio de insuficiencia que no refleja la realidad de la planta docente ni de la infraestructura oficial.
Alimentación escolar: se pagaron cantidades superiores
En cuanto al servicio de alimentación escolar, el mismo fue contratado por algunos municipios con el mismo operador del Ministerio de Educación y otros con operador diferente, en las dos modalidades: ración preparada en sitio y ración industrializada.
En las raciones preparadas en sitio se presentaron deficiencias en la infraestructura de los restaurantes, en las áreas de preparación, en el almacenamiento y en la distribución, porque los alimentos son entregados y consumidos al aire libre, sin la dotación o menaje adecuado.
En las raciones industrializadas los sitios de distribución carecen de elementos adecuados de refrigeración, por lo que los complementos alimentarios no se entregan a los estudiantes en condiciones y temperaturas propias del día y zona de entrega.
Los entes territoriales y las instituciones educativas no realizan inspección y vigilancia efectiva al sitio y al diligenciamiento y registro de las planillas soporte de la entrega de las raciones, lo que permitió que se pagaran cantidades superiores a las realmente entregadas, faltante que se pretende justificar con listados de alumnos aportados en la ejecución del contrato del Ministerio de Educación.
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Balance de hallazgos, con sus respectivas incidencias y cuantificación:
- Gobernación del Tolima
30 hallazgos administrativos (19 disciplinarios, 1 indagación preliminar. Y 14 hallazgos fiscales por $3.803 millones)
- Ibagué
33 hallazgos administrativos (15 disciplinarios. Y 3 hallazgos fiscales por algo más de $425 millones)
- Purificación
17 hallazgos administrativos (8 disciplinarios. Y 4 hallazgos 4 fiscales por más de $161 millones)
- Armero Guayabal
7 hallazgos administrativos (3 disciplinarios. Y 1 fiscal por más de $7 millones)
- Lérida
8 hallazgos administrativos (3 disciplinarios)
En total: 95 hallazgos administrativos, de los cuales 48 son disciplinarios, y 22 hallazgos fiscales por $4.399 millones.
La CGR alcanzó a obtener beneficios de auditoría por más de $61 millones.
