De las denuncias en el debate sobre los casos Odebrecht y el Cartel de las Togas, la justicia debe investigar a fondo, entre otros, los siguientes hechos, cosa que hoy impide un poderoso acuerdo de impunidad.
Los sobornos del Consorcio Ruta del Sol II –Odebrecht y Corficolombiana Episol (Grupo Aval)– en los gobiernos de Uribe y Santos, no ascendieron a once millones de dólares sino a cuarenta. Con ellos respaldaron las campañas de Santos 2010 –entonces candidato de lo que hoy son la Unidad Nacional y el Centro Democrático– y Santos-Germán Vargas 2014. Y la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue acusada de haber recibido 1,6 millones de dólares de la trasnacional. Sí se violó la ley al adjudicar a dedo la vía Ocaña-Gamarra, abuso que se financió con el también ilegal Conpes 3817, aprobado por Santos, Vargas y su gabinete.
Por este Conpes están procesadas Cecilia Álvarez y Gina Parody y, como su caso es el mismo, debería estarlo Néstor Humberto Martínez. Los de Odebrecht aceptaron su soborno en la Ruta del Sol (Puerto Berrío-San Roque) y acusaron de cómplice a José Elías Melo, de Corficolombiana, quien ya está tras las rejas.
Nadie ha asumido el pago de los sobornos Ocaña-Gamarra, y el Grupo Aval aduce no haber participado en ningún soborno, con lo que Odebrecht lo habría subsidiado en 12 millones de dólares (!?). Tampoco hay una investigación legal sobre qué bancos en Colombia lavaron las platas de Odebrecht, pero Gabriel Dumar confesó que Corficolombiana le giraba la plata (http://bit.ly/2yxUuOm).
En Navelena-Odebrecht actuaron los mismos sindicados por Ocaña-Gamarra y la plata se usó para financiar a Santos 2014. El préstamo de los 120 mil millones de pesos del Banco Agrario sí violó las normas y, también ilegalmente, favoreció al Grupo Aval (Banco de Occidente y Corficolombiana). Pero la Fiscalía y la Superfinanciera no investigan a la Junta del Banco Agrario ni al Grupo Aval.
Néstor Humberto Martínez Neira fue contratista de Navelena-Odebrecht y del Consorcio de la Ruta del Sol II y emitió el concepto que le dio apariencia de legalidad a Ocaña-Gamarra. Además tramitó un contrato ilegal de estabilidad jurídica que le mejoró las condiciones tributarias al Consorcio de la Ruta del Sol II. Y acaba de saberse que en esa llamativa operación –en la que el gobierno cambió de posición luego de que actuara como ministra Cecilia Álvarez– hubo un soborno de cuatro mil millones de pesos.
Germán Vargas comandó la segunda vuelta de la campaña Santos 2014 en la Costa Caribe y acordó con los jefes políticos su financiación (http://bit.ly/2x9VoPY). El senador “Ñoño” Elías le confesó a la Corte Suprema de Justicia que la plata de Odebrecht se usó para financiar la campaña Santos 2014, a la que también le recaudó grandes fondos Martínez Neira.
De otra parte, Gustavo Moreno, el llamado fiscal anticorrupción corrupto por nombramiento del Fiscal Martínez Neira, acusa a Leonidas Bustos y a otros magistrados de haberse asociado con él para extorsionar y absolver a congresistas en los procesos ante la Corte Suprema de Justicia.
Aunque se silencia, una de las decisiones de Bustos favoreció en una acusación por parapolítica a Germán Vargas, ¡y lo hizo en apenas once meses! Mabel Parra, la magistrada auxiliar de Bustos en este caso, también fue compañera de negocios de Moreno y resultó ser la esposa de Gerardo Torres (“Yayo”), asesor del senador Varón Cotrino, de Cambio Radical, partido al que también pertenecen Moreno y Martínez Neira.
Leonidas Bustos, además, cuadró que la Corte Suprema eligiera de Fiscal a Martínez, quien le nombró a Mabel Parra en un alto cargo en la Fiscalía, puesto al que ella renunció luego de que la Corte le abriera investigación. Y Martínez no ha dado ninguna explicación seria de por qué nombró a Moreno, a pesar de las conocidas sospechas que se cernían sobre él. O fue una decisión irresponsable por clientelismo político y judicial, o se debió a los cruces del llamado Cartel de las Togas, lo que la justicia debe investigar, al igual que si lo pusieron de Fiscal General para que fuera el titiritero mayor en el caso Odebrecht-Grupo Aval.
Y como se probó en el debate, sí hay un pacto de impunidad entre la Unidad Nacional, Cambio Radical y el Centro Democrático, que incluye a Luis Carlos Sarmiento Angulo, para mantener en la Fiscalía a Martínez Neira, quien no garantiza ir al fondo de esta corrupción. Por ellos llevaremos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://bit.ly/2yDwzwr).
