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En el país hay una sobreoferta académica y pocos puestos para los abogados. En todo el territorio nacional existen 183 programas de Derecho, 445 especializaciones, 114 maestrías y 11 doctorados. Solo en la capital del Tolima, en promedio hay cerca de 2.994 personas que están matriculadas en los tres programas ofertados en la ciudad.
Cada año, en Ibagué se gradúan alrededor de 260 abogados, pero debido a la alta tasa de desocupación (16,1 %) que se presenta en la ciudad no todos logran conseguir un empleo estable. Además de las pocas oportunidades laborales, uno de los impedimentos para los recién egresados puede ser la calidad académica de las carreras de Derecho. (Ver: Preocupación por sobreoferta de abogados en Ibagué)
Según el Gobierno Nacional, a pesar de la gran cantidad de programas de Derecho con los que cuenta el país, solo el 72 % cumple con las condiciones de calidad exigidas para la obtención del Registro Calificado, una certificación otorgada a las carreras que cumplen con ciertos estándares educativos.
Por tal motivo, el Gobierno ha venido trabajando en la propuesta de una nueva reglamentación para elevar los estándares educativos de los programas de Derecho sin acreditación de alta calidad y así garantizar la formación de mejores profesionales.
Para el desarrollo de esta propuesta se tuvieron en cuenta las variables que inciden en el desempeño profesional de los abogados y se emprendió el camino hacia la formulación de condiciones específicas de calidad para la obtención y renovación del Registro Calificado de los programas de Derecho.
Según la viceministra de Promoción de la Justicia, Ana María Ramos, es necesario mejorar la formación de los abogados porque el ejercicio de la profesión impacta directamente en la administración de justicia y en la materialización de los derechos de los ciudadanos.
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«El país necesita programas que cumplan con estándares de calidad más altos que les permitan cumplir de la mejor manera el papel que tienen los abogados en la sociedad», dijo Ramos.
Entre las mejoras que planteó el Gobierno se encuentran las prácticas profesionales que evidencien el desarrollo de las competencias planteadas en el perfil profesional, así como una estructura curricular flexible mediante la cual se organicen aprendizajes, estrategias de enseñanza y evaluación.
También se propone el mejoramiento de de la infraestructura física que cubra las necesidades de los programas, especialmente en lo relacionado con los consultorios jurídicos.
