Por razones de público conocimiento he preferido mantenerme al margen de los asuntos relacionados con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., con algunas excepciones referentes a temas sobre los cuales me he manifestado de manera clara y sin tapujos. Sin embargo, y como consecuencia de un documento que una fuente interna del Ibal generosamente me suministró, creo conveniente manifestar mi preocupación, mi rechazo y levantar mi voz de alerta ante la peligrosa puerta que se empieza a abrir para la privatización del Ibal.
En efecto, el pasado 26 de Marzo en la Asamblea General de Accionistas del IBAL (Ver Documento) se incluyó un “articulito” para ampliar su objeto social, el cual básicamente sugería facultar al Ibal para formar parte de “otras sociedades por acciones”, haciendo posible que la empresa pudiese beneficiarse del “bondadoso modelo societario de las sociedades por acciones simplificadas” (Ver Documento). Según lo manifestado por el Secretario General del Ibal y cercano amigo del Alcalde de Ibagué, Ricardo Arroyo, “existe la imperiosa necesidad de llevar a cabo una reforma estatutaria, la cual debe guardar obediencia al mandato contenido en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994 que obliga a que las empresas de servicios públicos domiciliarias (sic) sean sociedades por acciones”. (Ver Documento)
Empecemos por decir que esta resulta una curiosa, por no decir amañada, interpretación de dicha ley, pues en el parágrafo 1º del artículo 17 de la Ley 142 se indica que “las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado”. ¿Así o más claro? Entonces no resulta tan “imperiosa” ni mucho menos obligatoria la necesidad de tal reforma estatutaria, aunque si resultaría muy conveniente a la hora de empezar el proceso buscar alianzas o emprender la creación de nuevas empresas con capital mixto. Algunos ya especulan que el negocio será la creación de una nueva empresa entre el Ibal y un poderoso socio privado que se encargaría de invertir capital a cambio de compartir el nada despreciable monopolio del servicio público de agua y alcantarillado de la ciudad.
Pero hay más: no solamente se propuso y aprobó este cambio en los estatutos, sino que tal y como quedó consignado en esta acta se indica que “las empresas de servicios públicos deben ser por acciones, sin embargo por situación que posteriormente debe revisarse deberá transformarse (el Ibal) de sociedad anónima a sociedad por acciones” (Ver Documento). ¿Menudo cambio, no? Básicamente lo que suponen estas directrices es que el Ibal en algún momento será valorada (claro, a precio de huevo) y su valor será representado en acciones, las cuales también podrán ponerse a la venta total o parcialmente, tal y como ha sucedido con otras empresas de servicios públicos en Colombia. Llámenme exagerado o mentiroso, pero esta es la cuota inicial de la privatización del Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
Desde hace años el rumor de la venta del Ibal ha sido frecuente en diversos momentos de la vida Ibaguereña, en donde la garosa mano de la privatización ha asomado sus garras para pretender, en alianza con funcionarios y políticos con más estómago que neuronas, hacerse a uno de los principales activos de la ciudad. Pero ahora vemos que del rumor se pasa a la realidad, pues en la página 19 de la mencionada acta se lee lo siguiente: “Así las cosas, una vez leído el texto modificado de la minuta por parte del secretario general, el presidente de la asamblea lo somete a consideración de los miembros asambleístas el cual es APROBADO por unanimidad y se autoriza al gerente para que proceda a la respectiva protocolización” (Ver Documento).
En este sentido, mientras muchos andábamos pendientes de los aconteceres de los Juegos Nacionales y de las pintorescas explicaciones del alcalde de Ibagué por los retrasos en las obras, los negocios con Boylam y la falta de liquidez del chatarrero, en el Ibal se fraguaba este cambio en los estatutos, cambio que viniendo de los funcionarios que le regalaron el Ibal a Presea, que se lo volvieron a regalar a Proactiva, que de ñapa cedieron sin chistar a pretensiones de Acualterno y que dejaron perder cerca de $60.000 millones de pesos para el acueducto complementario, entre otras cosas, solo genera preocupación y profundas sospechas sobre las verdaderas intenciones de esta movida.
Seguramente ya vendrán las curiosas justificaciones de las directivas del Ibal y del Presidente de la Junta Directiva, que anticipo se centrarán en señalar a Eduardo Bejarano como uno de los enemigos del maravilloso progreso que la “Seguridad Humana” le quiere ofrecer a la ciudad, de paso señalando, ya lo verán, que mis afirmaciones son producto del odio y el resentimiento. Eso mismo me dijeron cuando con cifras y argumentos señalé el monstruoso alcance del proyecto de las fotomultas, con los resultados que toda la ciudad ya conoce.
Solo me surgen algunas dudas: ¿sabrá el Concejo de Ibagué sobre este cambio de estatutos o, como en otros asuntos, se lo pasaron por la faja? ¿se habrá socializado con los trabajadores y las organizaciones sindicales del Ibal el alcance de esta inocente modificación estatutaria? ¿de crearse una nueva sociedad con capital mixto, qué suerte correrán los trabajadores del Ibal? ¿por qué uno de los candidatos en contienda para la alcaldía de Ibagué, se ha mostrado tan interesado y ciertamente versado en hablar sobre los temas administrativos y el modelo empresarial del Ibal sugiriendo, inclusive, la privatización de la empresa?
Puede que yo no tenga la capacidad adivinatoria del Mago Merlín ni del Mago Greco, pero todo esto me huele muy mal, por lo que creo que es justo, necesario y urgente no solo abrir el debate sobre este sospechoso cambio en los estatutos del Ibal y sus posibles consecuencias, sino especialmente conocer las últimas actas de la Junta Directiva del Ibal donde, seguramente, se debió discutir este inocente asunto.
Post Data: El lenguaraz cuarto peor alcalde de Colombia a quien uno de sus cercanos asesores acertadamente bautizó como “el Tonto del Pueblo”, en declaraciones a un medio local señaló que “Bejarano me quiere ver muerto o en la cárcel”. Realmente esta si que es la máxima expresión de ramplonería, inmadurez y bajeza de un alcalde que no supo aceptar las críticas, que torpemente advierte que todos quienes le critican son acérrimos enemigos, que decidió como parte de su inocultable mediocridad acusar a sus críticos como los causantes de todos los males de la ciudad y de los raquíticos resultados de su administración.
Sea esta la oportunidad para decirle al señor Luis Hernando Rodríguez Ramírez que no se confunda, pues no me muevo en medios mafiosos donde impera la ley del revolver o del dinero fácil, pues así yo crea que Ibagué tiene en Luis H. al peor alcalde de su historia, jamás quisiera verlo muerto ni pasaría por mi mente tal cosa. Hago público este descargo porque vaya uno a saber qué enemigos tenga el alcalde o en qué sórdidos asuntos esté metido que le puedan generar, Dios no lo quiera, amenazas contra su integridad personal. Espero, eso sí, una explicación pública en relación con tamañas afirmaciones, esto sin menoscabo de las acciones legales que me asisten ante las irresponsables y burdas opiniones que, en mi concepto, vulneran mi derecho al buen nombre.
