El mismo Gobierno que anuncia a Alejandro Ordoñez como feliz embajador de Colombia ante la OEA, también nos anuncia su compromiso de combatir la corrupción. Poco le importa enviar a semejante cargo a un funcionario público cuya elección como Procurador fue anulada por el Consejo de Estado, por haberse reelegido entregándole jugosos puestos en la Procuraduría a los familiares de sus nominadores. Qué fácil es transar con la corrupción.
Ese mismo Gobierno ‘anticorrupción’ es el que nombra como ministra del Interior a Nancy Patricia Gutiérrez, duramente cuestionada en el pasado por acceder y manipular información clasificada en contra de Piedad Córdoba, que según testigos le fue entregada por orden del entonces presidente Álvaro Uribe, a través de agentes de inteligencia del Estado.
Y es ese mismo Gobierno el que ha nombrado a Susana Correa como directora del Departamento para la Prosperidad Social, una persona reconocida por sus relaciones con Juan Carlos Martínez Sinisterra —exparlamentario condenado en abril de 2018 a seis años de prisión por el Tribunal Superior de Cali, por el delito de enriquecimiento ilícito—; con Carlos Alberto Bejarano, señalado en el pasado de estar aliado con bandas criminales al servicio de narcotraficantes en Antioquia; y también con Álvaro Uribe, a quien ha calificado públicamente como su “consejero número uno”.
En una entrevista publicada en el diario El País de Cali el día 29 de octubre de 2010, en la que se le indaga a Correa acerca de sus aspiraciones a ejercer la Alcaldía de Cali, se refirió a Martínez Sinisterra de la siguiente forma:
“Entonces allí hay unas cosas que se contradicen, pero creo que sí debo tener algunos apoyos y algunas alianzas. Como el exsenador Juan Carlos Martínez que fue quien le dio vuelta a las pasadas elecciones… el exsenador Martínez fue una persona que me ayudó muchísimo cuando estábamos en Emsirva”
Entretanto, y en agudo contraste, habría que reconocer que varios de los mejores nombramientos de Duque en posiciones de liderazgo son aquellos que provienen de la administración Santos. Son ellos la nueva Ministra de Cultura, el Ministro de Vivienda, los dos Viceministros de Justicia, la Viceministra de Comercio, el Viceministro de Vivienda, el Director de Fogafín, entre otros.
Carente de auténticos estadistas y plagado de ciego fanatismo, finalmente el Centro Democrático no resultó ser una cantera de líderes útil para la nueva administración. Parece que al llegar al poder el Gobierno Duque encontró que su mejor opción para administrar bien el país, era dejar en las posiciones de liderazgo a funcionarios que pertenecieron al gobierno anterior.
Pero claro que, a la posesión en sus nuevos cargos de esos funcionarios, el nuevo Gobierno no le ha hecho mucha propaganda. No se verían bien esos nombramientos frente a la jauría ultraderechista que abrió el camino para que Duque llegara al poder.
El funcionario más destacado del Centro Democrático en el actual Gobierno es el nuevo Viceministro de Relaciones Políticas, que a mediados de este año se refirió a Petro, hoy líder natural de la oposición en el Congreso, como asesino. Juzguen ustedes.
Entretanto, frente a la realidad política de los once millones y medio de colombianos que expresaron su voz de rechazo a la corrupción el pasado domingo, Duque anuncia su apoyo a las iniciativas de la Consulta. Sin embargo, en entrevista con Yamid Amat, su Ministra del Interior confirma lo que ya se sabía: que la iniciativa tiene varios puntos inconstitucionales, unos que ya están en la Ley, pero que hay otros que se pueden reformar con un simple acto de decisión política. En resumen, que ellos harán lo que les plazca…
Duque, sin embargo, convoca una cumbre en Casa de Nariño a Claudia López y a Angélica Lozano, y a los líderes de otros partidos políticos, para negociar los pasos a seguir en el cacareado propósito de materializar el mandato de la Consulta. Todos quieren ganar. Después vendrán las ruedas de prensa, las declaraciones altisonantes, los comunicados.
Lo que los colombianos no saben, es que simultáneamente avanza una iniciativa que busca expulsar la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para entregársela a la Vicepresidencia, es decir, se le baja el perfil al tema anticorrupción, en contravía de las recomendaciones de la OCDE en su Informe de Integridad sobre Colombia.
Adicionalmente, la administración Duque redacta en estos momentos proyectos de ley anticorrupción que radicará en el Congreso sin consultarle una sola página al equipo de la Secretaría de Transparencia, conformado por algunas de las personas qué más conocen del tema en el país desde el punto de vista técnico.
Tampoco se les consulta a las universidades, a las organizaciones no gubernamentales o a los veedores; menos aún al Consejo de Política Criminal, quien debe conceptuar sobre las reformas al sistema penal por mandato legal. Con lo cual se está repitiendo el error cometido con los proyectos radicados el 8 de agosto pasado.
El Gobierno desconoce que en el Congreso cursa un proyecto de ley de Probidad, radicado por la administración anterior, en el que se incluyen la mayoría de temas claves en materia de lucha contra la corrupción. También ignora que cursa trámite el proyecto de ley de protección de denunciantes, para saldar una deuda del Congreso con quienes se juegan la vida denunciando la corrupción. Más aún: el Gobierno radica un proyecto de ley que despedaza los alcances de la Ley de Transparencia.
El Gobierno también ignora que el Estatuto Anticorrupción le dio a la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción, el papel de ser el actor central que desde la sociedad civil debe formular recomendaciones legislativas y de política pública al Estado, para construir un país más íntegro y transparente. Y finalmente, el Gobierno está ignorando la existencia misma de la Comisión Nacional de Moralización, a la que no ha convocado y ni siquiera le consulta su opinión sobre cómo avanzar en la coyuntura actual.
Como ven, vamos mal. Ojalá esta administración corrija el rumbo en materia anticorrupción, estamos a tiempo.
