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Como era de esperarse, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, no perdió la oportunidad para hablarle de la consulta popular minera al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien visitó este jueves la capital del Tolima. Jaramillo no solo defendió la legalidad de su iniciativa, sino que también criticó la postura del Procurador Ambiental y Agrario, Ernesto Cardoso, uno de los principales opositores de la consulta.
El mandatario local le dijo al procurador Alejandro Ordóñez que él tiene subalternos que «se sobrepasan» en sus funciones porque acompañan sus advertencias -legales- con pronunciamientos amenazantes. «Parece que ya nos estuvieran fusilando antes de tiempo», afirmó Jaramillo.
Sin mencionarlo, se refería claramente al procurador Ambiental del Tolima, Ernesto Cardoso, quien ha librado una batalla mediática y legal para detener la consulta minera. (Ver: “Estaría comprometida la transparencia ética del magistrado Beltrán y el alcalde Jaramillo”: Procurador Ambiental)
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Acto seguido, defendió la legalidad de la consulta afirmando: «El artículo 33 de la ley 136 de 1994 nos permite definir qué quiere este Municipio sobre la base del suelo, cómo queremos que se mantenga el suelo. Porque si se va a contaminar el agua, si se va a contaminar el aire, si se van a contaminar nuestros suelos, tenemos derecho a decidir qué es lo que nosotros queremos. Pero nos llaman la atención y nos dicen: mucho cuidado porque ustedes pueden ser judicializados«.
La declaración la hizo en el marco del foro ‘100 y más advertencias para una exitosa administración territorial’, que organizó el Ministerio Público en el centro de convenciones de la Gobernación del Tolima.
