El pasado 26 de enero de 2018 la secretaria administrativa de la Alcaldía de Ibagué firmó el contrato No 1520, para cumplir con la promesa de campaña del señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, de nombrar un Zar Anticorrupción. Dicho contrato encargó al abogado Augusto Alfonso Ocampo para cumplir dicha función, para lo cual se deberían desarrollar diez actividades específicas en un tiempo pactado de ocho meses, por un valor de $56 millones, pagados en ocho cuotas de $7 millones.
Han pasado seis meses de la firma del contrato (75 %) y, los Ibaguereños desconocemos los avances y las advertencias que el Zar ha realizado en pro de la trasparencia, como lo afirma los estudios previos del proceso contractual. Al contrario, el silencio absoluto por parte de este contratista mancha la figura y le quita toda legitimidad social.
Definitivamente las actividades pactadas del Zar para evitar la corrupción en la ciudad han sido un fracaso, o tal vez, no han sido comunicadas a la opinión pública. Ahora bien, las actividades descriptas para nuestro Zar son actividades complementarias al ejercicio de control fiscal de advertencia que debe realizar las oficinas de control interno, tal como lo afirma el estatuto anticorrupción, en un momento donde el Alcalde presenta un proyecto de acuerdo para endeudar más las finanzas públicas, evidenciando la falta de recursos para financiar las grandes obras que los ibaguereños exigimos, muestra la falta de planeación y de administración de los recursos cada vez más escasos.
Ibagué más que tener un Zar Anticorrupción necesita; una verdadera oficina de control interno donde se logre anticipar posibles detrimentos patrimoniales, igualmente una contraloría que ponga a disposición de toda la comunidad los grupos de reacción inmediata (expuestos en el estatuto anticorrupción), estos grupos responden de manera oportuna a cualquier asunto que delegue el Contralor y que no son abordados por las tradicionales auditorias posteriores y selectivas.
Finalmente espero que el contrato 1520 del 2018 no sea un detrimento patrimonial más para los recursos de los Ibaguereños y a su vez espero que la oficina de control interno sea más ágil, como también, una contraloría autónoma e independiente, solo así podremos garantizar la eficiencia de los recursos públicos.
