Cinco empresas extractoras y trituradoras de material de construcción (grava, arena y piedra) sobre el cauce, playas aluvial y lateral y valles de ambas márgenes del río Cucuana, acaban, destruyen y tienen moribundo a dicho río, con el beneplácito y la complicidad manifiesta de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, la Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima y las autoridades municipales de San Luis y Ortega.
Conforme lo advirten desde hace varios años (desde el 2005) las comunidades indígenas de la zona de afectación ambiental y demás habitantes de las veredas Puente Cucuana, Bocas de Cucuana, Villa María, Cordialidad, Dindal, Luisa García y Guadalajara de estos municipios, así como también la Fundación Unidos por un Campo Próspero, Funcampropro y los personeros de Ortega y San Luís, las empresas mineras benefactoras de títulos mineros y licencias ambientales otorgadas por Cortolima le están haciendo un entierro de tercera al más importante río de estos otrora prósperos municipios tolimenses.
Y es que desde hace más de 10 años Cortolima no sólo desconoció la obligación de realizar consulta previa a las comunidades indígenas de ambos municipios afectadas con la extracción de material de arrastre del lecho y playas del río, sino que sin mayores consideraciones técnicas y ambientales otorgó licencias globales para la explotación de estos a las empresas Garco Limitada (resolución 4920 de 2010), Garco SAS (resolución 1975 de 2008), Carlos Alberto Filauri Postarini (resolución 1265 de 2006), Gloria Bibiana Ospina Ñustes (resolución 2678 de 2009), Henry ferney Gutiérrez (septiembre de 2006) y a Usocoello para la ampliación y construcción de una presa de captación de aguas (resolución 1764 de 2015), poniendo en inminente peligro de destrucción el río Cucuana, como efectivamenmte poco a poco viene sucediendo.
Empresas depredadoras que de manera directa o indirecta han instalado plantas trituradoras en las áreas adyacentes a la zona de afectación hídrica, para producir minerales triturados utilizados en la industria de la construcción, que contribuye al deterioro ambiental no solo por la explotación, sino por el transporte de doble tránsito desde el río a la trituradora y de esta al destino final, lo que implica un permanente tránsito de maquinaria pesada por la playa y áreas extensivas de esta.
Lo paradójico es que la autoridad ambiental departamental – Cortolima y la Procuraduría Ambiental – que en Ibagué asumen posiciones contradictorias respecto a la defensa y protección del medio ambiente, en Ortega y San Luis hacen causa común en favor de las compañias mineras, haciendo caso omiso a las denuncias, advertencias y exigencias que desde hace bastante tiempo vienen haciendo la comunidad campesina e indígena afectada.
El río Cucuana fue hace más de 10 años un sitio de encuentro, solidaridad y trasmisión de un comportamiento afectivo social de los ibaguereños y sureños del plan del Tolima, en el cual no solo se podía disfrutar de un agradable paseo de olla, sino que se percibía un obligado referente de la riqueza natural del Tolima.
Hoy, el panorama luce desolador. El cauce y las márgenes del río han sido destruidas por la empresas extractoras y una de las fuentes de ingreso turístico y alimenticio de los ribereños del Cucuana (casetas, restaurantes y alquiler de improvisadas cocinas y/o asaderos) ha cedido el paso a la extración minera, que acaba y asesina lentamente el río.
Un desastre que no podemos ignorar y que está expandiéndose a lo largo y ancho del Departamento.
