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La Procuraduría General de la Nación advirtió que las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico del país se encuentran en riesgo. Para el Ministerio Público se requiere mayor control a los diferentes esquemas de prestación de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo, porque existen grandes dificultades para asegurar su sostenibilidad y calidad en el largo plazo.
“Estamos implementando un enfoque, método y agenda de vigilancia del recurso hídrico y la disposición de residuos sólidos en el país, sin improvisaciones, y colocando mayor presión para que el gobierno, las empresas y la ciudadanía tomen las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático”, afirmó Leandro Ramos, Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
El órgano de control ejercerá vigilancia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; conjuntamente con la verificación del deber de protección de cuencas hidrográficas y de los ecosistemas respecto a vertimientos y modalidades de disposición contaminante de residuos.
“Para lograr esta meta hemos pasado en la Procuraduría, conjuntamente con nuestra Delegada de Asuntos Ambientales, de un control de legalidad a uno racional, es decir, a la verificación del cumplimiento integral y soportado en evidencias de los objetivos de desarrollo sostenible del país; sin aceptar rivalidades o desarticulaciones institucionales”, dijo Leandro Ramos.
La vigilancia preventiva incluirá por tanto otras áreas, antes desconectadas, como la protección de los bosques, suelos, la actualización del ordenamiento territorial al nuevo enfoque y la formación ciudadana, que incluye mecanismo de ahorro del agua, separación en la fuente, y empresas que producen bajo un enfoque de economía circular.
“Es necesario adoptar íntegramente un modelo de desarrollo sostenible. El país puede avanzar hacia programas de seguridad hídrica y de economía circular con celeridad”, sostuvo el delegado.
En la práctica, la Procuraduría le señaló a alcaldes y prestadores de servicios públicos que deben demostrar “que cuando se abra una llave en sus municipios”, el servicio de agua sea constante, potable y con un manejo adecuado río arriba y río abajo«.
Ramos, quien anunció que la delegada velará para que el patrimonio público no se vea lesionado en los esquemas contractuales con los operadores, gracias a la acción conjunta con la Superservicios, invitó a la academia, las empresas, las organizaciones ciudadanas y los medios de comunicación a que se conviertan en inspectores de vigilancia preventiva en la protección de ecosistemas y servicios públicos, y así apoyar a los organismos de control.
“El gobierno tiene muchos problemas para hacer cumplir las normas, planes y políticas. Como país tenemos capacidades para planear el futuro hídrico y económico que queremos, desde el nivel nacional, pero somos muy malos a la hora de aplicar las normas y hacer cumplir las políticas. El país debe avanzar en el despliegue de capacidades de inspección a lo largo del territorio nacional para verificar que los alcaldes y las empresas prestadoras de servicios cumplan con las normas y establezcamos al mismo tiempo las dificultades recurrentes que lo impidan. Nosotros seremos parte de la ecuación para hacer cumplir la ley y la Constitución”, concluyó Leandro Ramos.
Mejorar el servicio y hacer inversiones eficientes
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Durante el Congreso en el tercer panel moderado por Magdalena Barón, directora del Fondo empresarial de la Superservicios, se abordó el tema de la situación financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
En esta sesión Manuel Barrera, gerente de Proactiva Tunja destacó la importancia de asumir los desafíos de los cambios regulatorios, como lo han hecho en la capital de Boyacá, con libertad vigilada, y dijo que las tarifas contractuales les ha permitido desde hace 23 años transformar la ciudad, garantizar el cumplimiento de indicadores como calidad, continuidad y cobertura del servicio, hacer las inversiones de manera eficiente. “Las empresas que no se atreven, tienen déficit financiero y desencadenan problemas en la garantía en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios”.
Por su parte Catalina Cardona, Gerente Financiera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dijo que para cumplir las metas de cobertura, calidad y continuidad en Bogotá, la administración invertirá $6.9 billones en el plan regulado, medición de indicadores, protección de estructura ecológica, protección de la cuenca y modernización de equipos.
Para Ricardo Gómez, de CDM Schmith Colombia, las empresas del estado que prestan el servicio de AAA como la EPM en las capitales del país, manejan el tema financiero de manera gerencial, y considera que las grandes ciudades deben apoyar a los municipios para administrar y operar los sistemas de alcantarillado, acueducto y aseo. “El reto debe ser apoyar a las empresas, darles capacidad de manejo operativo, con ayuda del Gobierno Nacional”.
Finalmente, Lady Ospina, Directora de Proyectos del Ministerio de Vivienda, se refirió a la regionalización y pidió mayor compromiso por parte del prestador privado en los servicio de la AAA, y sostuvo que estas empresas lo ven desde el negocio y afirma que les falta visión social. Concluyó que la nueva resolución de esquemas tarifarios diferenciales, que está para sanción presidencial, permitirá llegar a lugares de difícil acceso con los mejores estándares de calidad para la población.
