El “progreso” contra la democracia

No terminaba la audiencia pública en Cajamarca el pasado 25 de octubre, cuando AngloGold la bombardeaba con su poderoso arsenal retórico: “los senadores de izquierda vinieron a imponer una consulta”, “era el evento de un candidato a la Alcaldía”, “una afrenta al alcalde”, “un insulto al Concejo”, “la mayoría de los asistentes no era de Cajamarca”, “no vinieron a decir nada nuevo”, “otra algarabía sin discusión técnica”…
 
Desde las oficinas de prensa de la empresa, en donde saben hacer valer su jugosa pauta comercial, se cuestionó duramente a los medios de comunicación que hablaron de consulta popular en Cajamarca. Se trataba de reproducir la versión que la multinacional tenía del evento.
 
Los días siguientes muchas voces opinaron al respecto: funcionarios públicos, representantes de la compañía, activistas, analistas, sin embargo, hubo dos posiciones muy ponderadas y reproducidas por AngloGold, en contra de que los cajamarcunos puedan decidir sobre la actividad minera en su territorio: la del Procurador Agrario y Ambiental, Ernesto Cardozo, y la del abogado, columnista de El Espectador, Ramiro Bejarano, candidato por el samperismo al Ministerio de Ambiente. 
 
Cardozo defiende la tesis de que cualquier consulta popular de orden municipal que pretenda tener incidencia sobre proyectos de interés nacional – como los megaproyectos mineros – no puede tener efectos vinculantes y debe ser declarada ilegal. Es la tesis de su jefe en el Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado.
 
Bejarano, quien resultó ser un inesperado aliado del procurador en estos asuntos, se despachó en una diatriba irresponsable contra los ambientalistas, a quienes graduó de “extremistas”, y más recientemente, en su cuenta de Twitter, de terroristas. Su delito, si es que se lo puede considerar como tal, tratar de impedir el desarrollo y el progreso.
 
La semanas siguientes vieron desfilar a altos funcionarios del Gobierno Nacional por el municipio de Cajamarca, que antes no era mirado ni por el rabillo del ojo. En dos semanas  estuvieron el Ministro de Ambiente, la Viceministra de Minas, y su par de Agricultura.
 
El primero, en las instalaciones del proyecto en una reunión prácticamente clandestina con el vicepresidente de la compañía, el alcalde y el director de Cortolima. La Viceminas y el Viceagricultura, en el Concejo Municipal, en donde, con rigor milimétrico, se ocuparon de dejar dos cosas claras: primero, que el Gobierno Nacional no ve con buenos ojos la posibilidad de una consulta, y segundo, que es con las regalías de los proyectos mineros que se va a financiar la agricultura. 
 
Inclusive la importante firma Cifras y Conceptos, aplicó una encuesta para conocer la opinión de los cajamarcunos sobre La Colosa y expresamente, si estaban de acuerdo con que se realizara una consulta popular que definiera su realización, los resultados de dicha encuesta aún no han sido publicados.
 
El turno siguiente fue para la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, quien la semana pasada en una reunión en Bogotá prometió cárcel a los concejales y al alcalde, de aprobar la consulta popular.
 
Para completar el matoneo jurídico-político del Gobierno y la Procuraduría, AngloGold pasó de la retórica al terreno social, apoyando con importantes recursos la creación de una fundación de jóvenes en Cajamarca y promoviendo acciones de protesta por parte de sus trabajadores y contratistas.
 
No obstante, la joya de la corona fue la carta de tres páginas que Felipe Márquez, representante legal de la compañía, le escribió al cabildo municipal, advirtiendo que ante “la posible convocatoria a una consulta popular para que se opine sobre la continuidad del Proyecto La Colosa en el municipio de Cajamarca…” reducirá al máximo su planta de personal, retirará los apoyos a la Alcaldía Municipal y dejará de adquirir bienes y servicios en el municipio, hasta tanto no se cuente con las garantías para el “desarrollo de la empresa”, que es el desarrollo de su actividad minera.
 
Lo que se puede entrever hasta acá es que tanto para AngloGold como para el Gobierno y la Procuraduría, la consulta popular pasó de ser un importante mecanismo de participación ciudadana a un simple juego político que carece de legalidad, y que, de contemplarse la posibilidad de su realización, tendrá que someterse al “estricto conocimiento del proyecto”, es decir, a la versión que la compañía tiene para nosotros, porque los estudios científico-técnicos de quienes se oponen a su materialización y la experiencia de las comunidades directamente afectadas no cuentan.
 
No cuenta tampoco que la Corte Constitucional haya dirimido a favor del derecho ciudadano a la participación en los asuntos públicos, ni que exija a las autoridades nacionales concertar con las locales las decisiones sobre el ordenamiento minero, la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas; ni el desarrollo económico, social, cultural, de las comunidades mismas y la salubridad de la población… para Gobierno, Procuraduría y empresa, que son uno solo en esta brega, lo que cuenta es el lucro, y sus compromisos internacionales con lo que desde Bogotá denominan para las regiones, en abstracto, “el progreso y el desarrollo”.
 
Pero, ¿“Progreso y desarrollo” sin que los directamente afectados podamos discutir sobre sus efectos? Y, ¿Desde cuándo los ideales de “progreso y desarrollo” son más importantes que la realidad de contar con agua potable y con un ambiente sano?
 
Lo descrito hasta acá no es novedoso y tampoco exclusivo de Colombia, pero además se ha dicho miles de veces: asistimos al clímax de una época en la que los gobiernos legislan para el despojo y el control territorial de las empresas trasnacionales, gobiernos que expropian ciudadanos en función de los intereses corporativos, y que no les tiembla la mano ni el corazón para privatizar nuestros bienes comunes ni para expulsar a las comunidades de sus territorios si así lo exigen los dueños de los negocios. 
 
Feliz año.
 
Secretario Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Tolima
@andresconsuerte