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La senadora del Partido Verde, Claudia López, arremetió este viernes en contra del Procurador General, Alejandro Ordóñez, y dijo que las amenazas sobre inhabilidades que ha emitido el Ministerio Público en contra de los concejales y del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, son intentos de frenar una iniciativa democrática legítima.
Según López, la posición de la Procuraduría General de la Nación con respecto a la consulta popular minera, responde a los intereses del procurador Ordóñez, quien acude a la amenaza e intenta amedentrar a los funcionarios para que no tomen decisiones populares que perjudiquen a las empresas mineras en el país. Asimismo, la Senadora afirmó que el único que se excede en sus funciones es Ordóñez, y que es legítimo que la Alcaldía y el Concejo Municipal le consulten a los ciudadanos acerca de un tema tan importante para el futuro de la región como es la minería.
«El procurador es un pinocho, está cañanado, él sabe que no va a poder sancionar ni concretar ninguna de las amenzas que ha mandado. Está amenazando a los concejales, está siendo de lobbista (antesala) de las empresas mineras, o por lo menos de intereses contrarios a la expresión ciudadana. Es más, he visto cómo en muchos casos la Corte no solamente ha terminado protegiendo los derechos de la gente a la que él amenazó, sino diciéndole a él mismo que tiene que ceñirse a la ley. Lo que pasa es que él no tiene un control disciplinario efectivo y por eso abusa», señaló López.
No hay extralimitación de funciones
La Senadora insistió en que ni Guillermo Alfonso Jaramillo ni los concejales tienen que preocuparse por las supuestas acciones legales emprendidas por la Procuraduría, pues lo que ellos están haciendo está en el marco de sus obligaciones y competencias. Para López, es legítimo que los mandatarios locales le pregunten a la ciudadanía acerca de un tema como los proyectos mineros de alto impacto ambiental para los territorios (Ver: Pregunta de la consulta popular minera no es democrática, dice Procurador Ambiental).
«Aquí nadie está yendo más allá de sus competencias, excepto la Procuraduría, que claramente está abusando y tratando de intimidar para que no se haga esa consulta. Pero el Alcalde ha cumplido con su competencia y el Concejo debe cumplir con la suya, que es pronunciarse, no sobre la legalidad, sino sobre la conveniencia de realizar esta consulta. La pregunta debe ir al tribunal para que se defina si se ciñe a los límites legales establecidos. Si esos tres pasos se cumplen, los ibaguereños pueden ir a las urnas», dijo López.
«Con la consulta no se va a ir AngloGold Ashanti»
Sobre los efectos jurídicos de una posible consulta popular minera en Ibagué, la Senadora dijo que no existe ninguna posibilidad de que legalmente quede prohibida la minería en la ciudad. Sin embargo, López señaló que de lo que se trata es de hacer respetar el derecho que tienen los ciudadanos a manifestar abiertamente su opinión acerca de si se deberían ejecutar o no proyectos mineros que puedan tener impactos como la contaminación de las aguas o la vulneración del uso de los suelos.
«En el análisis legal y político de esas consultas, tengo perfectamente claro que estas iniciativas populares no tienen ningún efecto jurídico vinculante en materia de ordenamiento territorial ni en materia de decisiones mineras y ambientales. No es que por esto se van a derogar los títulos mineros, ni que si gana el ‘sí’ se va a ir AngloGold. Las cosas van a seguir como está, AGA va a tratar de seguir adelante, pero todas las autoridades van a quedar notificadas de cuál es la opinión de los ibaguereños», manifestó la funcionaria.
No obstante, López fue enfática al decir que una consulta popular minera es una iniciativa legítima, democrática, que tiene consecuencias políticas. Aunque los ibaguereños votaran en contra de los proyectos mineros, todavía existen recursos jurídicos y políticas de carácter nacional que buscarán no tener en cuenta la opinión de los ciudadanos: «El verdadero alcance es que la ciudadanía respalde o no la posición del Alcalde sobre este tema. Es un efecto netamente político. Es un pronunciamiento político, un precedente político. Pero es que los ciudadanos tienen el derecho de hacerlo».
El veedor se equivoca
Durante una visita sorpresa a Ibagué el pasado 15 de febrero, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, anunció que los concejales que siguieran impulsando una consulta popular minera incurrirían en una extralimitación de sus funciones y podrían ser sancionados. Además, Bustos señaló entonces que una iniciativa popular de este tipo no cuenta con ningún sustento legal (Ver: Veedor anuncia acciones legales en contra de promotores de la consulta minera en Ibagué).
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Ante esto, Claudia López dijo que era inaceptable que Bustos estuviera tan mal informado y que desconociera el derecho de los ciudadanos a manifestar una opinión: «Se equivoca porque dijo que la consulta no va a tener efectos jurídicos vinculantes y por eso es innecesaria. Lamento que una persona que organiza veedurías ciudadanas desconozca los derechos de expresarse de los ciudadanos«.
De la misma manera, López le salió al paso a las voces que se han manifestado en contra de la consulta popular minera con el argumento de que sería una iniciativa costosa. Tanto Bustos como perfiles falsos de Facebook, han dicho que la plata que podría gastarse en la consulta debería invertirse en otras cosas, poniendo en entredicho la legitimidad de una iniciativa democrática (Ver: Perfil de Facebook ‘prominero’ arremete en contra de la consulta popular minera).
«Por eso existe la democracia. Y eso cuesta. Invertir en lo que cuesta la democracia es legítimo. Todas las elecciones cuestan una plata y no por eso las dejamos de hacer. Si los ciudadanos de ibagué creen que esto es una pérdida de tiempo, no salen a votar. Y el Alcalde y los concejales se exponen a hacer el oso de hacer convocar una consulta para que no vayan los ciudadanos a votar. Ese es un riesgo político. Ellos creen que la gente está con ellos y apoya su decisión de evitar la minería en la ciudad», expresó López.
«Votaría por el ‘sí’, si viviera en Ibagué»
Si bien López fue enfática al afirmar que no habrían consecuencias jurídicas vinculantes, manifestó un total apoyo a la consulta popular minera y dijo que, de ser ibaguereña, también se opondría a que en la ciudad se desarrollaran proyectos mineros que atentaran contra las fuentes hídricas y el medio ambiente.
«Yo respaldo el derecho que tienen los ciudadanos de Ibagué o de cualquier otro municipio a expresar sobre un tema que les incumbe. Si viviera en esta ciudad, y esa consulta llegara a las urnas, yo votaría que sí. Porque me parece que empieza no solo a expresar una opinión, sino a demarcar un asunto desde el punto de vista político, y así funcionan las democracias. Son los procedimientos políticos de las mayorías los que empiezan a cambiar caminos. No es inocuo, no es trivial. Lo que ocurrió en Piedras ha mandado un mensaje importante, y aunque jurídicamente no tenía efectos vinculantes, tuvieron que contener el proceso y pensarlo tres veces. Esto es legítimo y legal», concluyó la Senadora.
