Las últimas declaraciones del Procurador Ambiental y Agrario del departamento, Ernesto Cardoso, evidenciaron la narrativa de quienes, como él, continúan empecinados en sobreponer los proyectos mineros contra toda racionalidad democrática y ambiental.
Esta narrativa la comparte con el actual Gerente de Asuntos Corporativos de Anglogold Ashanti, Carlos Hernando Enciso, y con el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga.
El libreto está montado para hacer creer a la ciudadanía que las consultas populares mineras son ilegales, ilegítimas, inoportunas, costosas y, en últimas, “una perdedera de tiempo”, como pedestremente afirmó uno de sus congresistas de bolsillo.
Enciso es quien en realidad ha tejido el hilo argumentativo de la trama: que una carretera produce los mismos impactos ambientales que una mina a cielo abierto, que su consumo de agua es igual o incluso menor que el de una parcela arrocera de 400 hectáreas…
En realidad, Anglogold ha usado varios argumentos para tratar de burlarse de la opinión pública regional, que acomoda de acuerdo al momento del debate y de quien gerencie sus “asuntos corporativos” en el territorio.
En la época de Rafael Hertz, el argumento era que en la zona del proyecto no había aguas subterráneas. En la de Felipe Márquez, que no sabían si explotarían a tajo abierto o si el proyecto se concentraría solo en Cajamarca.
Llevan 13 años en la región y todavía no saben dónde van a explotar, cómo van a explotar, cuánto van a explotar, y es posible que – en su relato de ficción – todavía no sepan qué van a explotar. Hasta ahora, lo único que han explotado es la paciencia de la gente.
En lo que sus voceros sí están de acuerdo es en polarizar la opinión con el argumento de que “los ambientalistas” han politizado el debate y que, de lo que se trata, es de discutir de manera racional, informada, con argumentos técnicos.
¿Discutir racionalmente con una empresa que no solamente cuenta con un presupuesto superior al del departamento del Tolima, sino que además tiene como sus abogados de baranda al Gobierno Nacional y a la Procuraduría General de la Nación?
El gobernador, más sutil en sus intervenciones pero no menos parcializado a favor de la minería de gran escala, sabe muy bien el papel que le corresponde en escena: “garantizar que los conflictos ambientales se diriman sobre la base del debate técnico y científico”, es decir, impedir que la “gleba ignorante” opine, aunque sea ella misma la que sufre las peores consecuencias.
Es paradójico, y vale la pena preguntarse:
“Técnico”, como el Gobierno Nacional, que ha construido su política minera en contra de la constitución y de la autonomía territorial (esa vulneración de la autonomía es la única que no le incomoda al gobernador, a juzgar por su silencio sepulcral, ahora que habla tanto por Twitter).
O “Técnico”, como el Ministerio Público, que removió a Diego Alvarado de la Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima, el funcionario que sobre la base de estudios técnicos demostró no solo que en el área de La Colosa corren aguas subterráneas, sino que nacen cerca de 160 fuentes hídricas; para nombrar a un funcionario que solo vocifera maximalismos jurídicos, en una suerte de populismo disciplinario que pretende bloquear de plano cualquier posibilidad de debate democrático y argumentado.
O “técnica”, como la empresa, que nombró Gerente de Asuntos Corporativos a un político, que aunque desconocía por completo los temas atinentes al medio ambiente y la minería, tenía abiertas las puertas de los directorios liberal y conservador en el departamento, razón por la cual había sido funcionario de gobernaciones azules y rojas por igual.
En resumen: desprestigiar con argumentos espurios las consultas populares, calumniar a sus promotores, matonear a sus proponentes, excluir del debate a los ciudadanos, desviar la atención de los efectos contaminantes de la minería, señalando los pasivos ambientales de actividades agrícolas y comerciales, postular los megaproyectos como única posibilidad de desarrollo, fingir que no existe otra posibilidad fiscal para el Estado que las regalías de la locomotora minera.
Por convicción, los conservadores que relatan este libreto en el Tolima comparten dos rasgos fundamentales: un desprecio profundo por la democracia no electoral (el pueblo es bueno sólo para votar por ellos cuando aspiran a cargos de elección popular) y un fetiche casi enfermizo por el crecimiento económico, es decir, todo aquello que se traduce en las regalías y las transferencias que ellos mismos van a ejecutar.
Junto con la tutela, los mecanismos de participación ciudadana son las únicas herramientas constitucionales con que cuenta el pueblo colombiano para hacer valer su voluntad como constituyente primario.
Estas herramientas no solo son legales, sino que son legítimas. Cristalizarlas en una constitución, así sea en el papel, nos ha costado mucho dolor como sociedad. Hoy más que nunca es imperativo, categóricamente, hacerlas valer.
«Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos.”
