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El proceso, hasta ahora desconocido, se inició después de una auditoría que contrató la Superintendencia de Salud con la firma Haggen Audit Ltda. El objeto del contrato era “realizar auditoría de carácter integral a entidades territoriales del orden departamental, o distrital o municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud».
La Secretaría de Salud Departamental se ‘rajó’ en esa evaluación. Una vez examinados los documentos de la entidad, la Superintendencia emitió un informe con sus hallazgos y ordenó este año una investigación contra esta dependencia, proceso que nadie conocía en el Tolima. (Ver: Resolución 2495 del 30 de abril de 2015, que ordena abrir la investigación)
En relación con los asuntos financieros se evidenció un porcentaje muy bajo en la ejecución. Por ejemplo, en nutrición se ejecutó apenas un 11%, en salud oral un 16% y en salud sexual y reproductiva un 24%.
Fuera de eso, la Superintendencia detalló que la Secretaria de Salud del Tolima no se encontraba al día con sus obligaciones de cuentas por pagar con más de 360 días de mora a las clínicas y los hospitales que conforman la red prestadora de servicios de salud.
Según se lee en el documento donde constan los hallazgos, el incumplimiento en esos pagos es uno de los problemas de tipo financiero de alto impacto en el sector salud porque incide directamente en la prestación de servicios de salud y la garantía de la prestación de los servicios de salud a la población afiliada.
Además de que la Secretaría de Salud no estaba haciendo los pagos oportunos, para la Superintendencia no era claro el valor de las cuentas por pagar que presentan en los libros auxiliares.
Según el informe, la Secretaría no suministró la información para las vigencias de 2012 y primer trimestre de 2013. Para la época de los hechos el secretario de Salud era el médico Ricardo Rivas.
La Superintendencia detalló que para el 2012 la entidad presupuestó en acciones de Salud Pública $10.007 millones, de los cuales comprometió $6.543 millones, es decir, el 65% de lo presupuestado.
En el informe se lee que “la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima no está cumpliendo con los objetivos de salud pública, puesto que su ejecución es muy baja frente a las prioridades”.
Además de eso, la Superintendencia encontró que el departamento del Tolima no logró sus metas al no comprometer como mínimo el 90% de lo presupuestado para el rubro de Salud Pública. En el informe se lee que esta falta de ejecución “genera un riesgo alto a la población del departamento por no alcanzar los objetivos de las prioridades básicas en salud, se desmejora la calidad de las condiciones de salud de la población más vulnerable, los cuales son los objetivos estratégicos establecidos en los planes de desarrollo del sistema de seguridad social”.
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A los hallazgos financieros se suman deficiencias en el talento humano. Según la Superintendencia, al Departamento le corresponde prestarle ayuda técnica a los municipios para que hagan bien el recaudo y el giro de los recursos para los beneficios del régimen subsidiado de salud.
Sin embargo, el personal para apoyar esta labor es limitado y no alcanza para asistir a los 47 municipios del departamento. De acuerdo con el informe, esto no es una observación menor. Si no hay suficientes personas que estén pendientes del aseguramiento en salud en todos los municipios, se podrían cometer errores en la gestión y en el uso eficiente de los cupos del régimen subsidiado.
Los hallazgos no terminan ahí. La Superintendencia además encontró que no hubo un proceso continuo del comité de vigilancia epidemiológica (Cove) en el 2012. En la documentación de la Secretaría solamente aparecían reportes de reuniones en mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre, cuando el comité debía reunirse una vez al mes.
La vacunación antirrábica para perros y gatos en ese mismo año tuvo una cobertura del 41,5% en todo el Tolima, lo que para la Superintendencia evidenció una baja cobertura. Fuera de eso, no se cumplió con el apoyo a los 47 municipios en la jornada de sarampión rubeola, a la que el Ministerio de Salud y Protección Social le asignó $300 millones. Tampoco se hicieron lo que la Superintendencia llama “coberturas útiles” de terceras dosis de polio y triple viral.
Como si fuera poco, la auditoría encontró que “la Secretaría de salud del Tolima no cuenta con un procedimiento debidamente establecido y aplicado de quejas y reclamos al ciudadano que garantice atención a los usuarios por medio de un servicio de atención a los afiliados y vinculados al Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
El proceso que lleva la Superintendencia se encuentra en alegatos de conclusión. La secretaria de Salud del Tolima, Edilma Hurtado, en primera instancia dijo que desconocía la existencia de esta investigación.
Una semana después, cuando le informamos que teníamos copia de la resolución que ordenó la investigación, que la auditoría fue del año 2013 y que han venido respondiendo a cada uno de los hallazgos detectados por la Supersalud.
