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Cinco años de su vida tuvo que dedicar el exalcalde del municipio de San Luis Silverio Góngora para que la Procuraduría General de la Nación no ‘engavetara’ la denuncia que interpuso contra la procuradora provincial de Ibagué, Ligia Aguilar, a quien señaló de exigir dinero a los investigados para no sancionarlos.
Así ocurrió con él, en febrero del año 2013, cuando afrontaba una investigación en la Procuraduría Provincial de Ibagué. Góngora dijo que él no le entregó $5’000.000 que le pidió “prestados” la procuradora Aguilar y, como retaliación, la funcionaria le impuso una sanción de dos años.
“La investigación era un tema que no ameritaba una sanción drástica, era por no pagar a tiempo unos impuestos, por un descuido de un subalterno. Pero como yo no le di la plata me sancionó”, recordó Góngora.
Precisamente, por su denuncia, la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación –órgano que investiga a los funcionarios de ese ente de control- le acaba de formular cargos a la señora Ligia Aguilar.
El primer cargo por el que tendrá que responder la señora Aguilar corresponde a una falta grave cometida a título de dolo, pues era plenamente consciente de que su condición de servidora pública le prohíbe explícitamente solicitar beneficios económicos violando los principios de la función pública.
El segundo cargo, que corresponde a una falta gravísima cometida a título de dolo, está relacionado a la omisión de Aguilar de declararse impedida para adelantar los procesos en contra de Silverio Góngora Martínez.
A ella la protegen los políticos: Góngora
El exalcalde de San Luis dijo que el proceso disciplinario en contra de Ligia Aguilar nunca avanzó en la administración del exprocurador y hoy precandidato presidencial Alejandro Ordóñez, gracias a la protección de políticos conservadores y al respaldo del esposo de la funcionaria José Arleth Ruiz, magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima.
“Nunca me respondió (Alejandro Ordóñez). Yo le decía en los oficios que él manejaba la doble moral”, afirmó Góngora.
Aseguró que la señora Aguilar sería un alfil de la clase política del Tolima y que esa ha sido su estrategia para sostenerse en la Procuraduría Provincial durante casi 28 años.
“Ella maneja el tema con varios políticos, porque la necesitan: tanto los unos como los otros. Los políticos la necesitan para que proteja a sus amigos y ataque a sus enemigos. Ella es de doble filo”, expresó.
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Ingresó a este órgano de control como profesional universitario en el año 1990 y, desde el 10 de febrero de 2010, se desempeña como Procuradora Provincial de Ibagué.
“Ella viene en esas desde hace mucho tiempo. En el año 2002 me pidió prestados $2’000.000. Yo en ese momento era secretario de Gobierno de San Luis y me ganaba $900.000, pero por tratarse de una funcionaria de la Procuraduría, me los conseguí prestados. Me tocó pagar esa deuda por cuotas. Por esos días había una investigación contra el alcalde de ese entonces, que después murió”, recordó el denunciante.
Después de ese episodio, Aguilar le volvió a pedir “prestados” otros $2’000.000, pero esta vez Silverio Góngora le recomendó al prestamista del pueblo, identificado como Henry Ampudia Castro. Él le hizo firmar una letra y tuvo que reclamarle vía judicial.
“Ligia no quiso pagar y tuvo que iniciarle un proceso ejecutivo. Le iban a embargar el suelo, pero tenía cuatro embargos más, así que optaron por quitarle algunas pertenencias. Cuando estaban en la diligencia, en su casa, con la policía, llegó su esposo, el magistrado José Arleth y pagó la deuda. Por los $2’000.000 terminaron pagando $6’000.000, con intereses y costas”, anotó.
Don Silverio cree que el expediente de Ligia Aguilar se “movió” tras la llegada del procurador Fernando Carrillo y confía en que, después de cinco años, haya justicia.
“Yo le digo al doctor Carrillo que hay que barrer la casa de adentro para afuera para acabar con la amenaza de corrupción en la Procuraduría. Hay quienes dicen que no la han sacado del cargo para que pueda pensionarse con el suelo de Procuradora; espero que eso no sea cierto”, concluyó Góngora.
Por estos hechos, Ligia Aguilar enfrenta un proceso penal en la fiscalía 27 de la unidad de delitos contra la Administración Pública, pero no se conocen resultados de esa investigación.
