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Diecisiete abuelos que viven en una casa del barrio Estación, frente al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, están a punto de ser objeto de un desalojo por orden judicial relacionada con un proceso restitución de un inmueble.
Los abuelos realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia la mañana de este miércoles para protestar por el desalojo que se iba a realizar, pero que al final quedó suspendido porque no había policías disponibles para apoyar la diligencia.
“Los viejitos viven en esa casa hace como 15 años, son personas desprotegidas y vulnerables, no tienen familia, son como niños. Están enfermos, viven de la caridad humana, otros salen a pedir plata y a vender dulces”, dice Margarita Romero Portela, la mujer que vive con los abuelos y contra quien salió la orden de desalojo.
Esa orden la expidió hace cuatro años el Juzgado Quinto Civil del Circuito al resolver un proceso de pertenencia promovido por Romero Portela para reclamar su posesión sobre una casa construida en adobe, ubicada en la carrera 3 número 19 A-30, en el barrio Estación.
Sin embargo, el fallo no le favoreció y el juez ordenó la restitución del inmueble a favor de Nelly Galindo Kinn, quien desde hace 30 años reside en California (Estados Unidos).
Además, en segunda instancia la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagué confirmó en el 2016 la sentencia del juzgado, al argumentar que Margarita Romero no reunía los requisitos para adquirir el inmueble.
‘Les dimos un techo a los viejitos’
Romero le informó a EL OLFATO que hace 20 años llegó a vivir a la casa por iniciativa de su marido, José Reinaldo Giraldo, quien ya murió.
“Mi marido me dijo que me regalaba esa casa, que era de la familia de él, que nos fuéramos a vivir allá. Pero luego de que mi esposo falleció apareció una familiar a reclamar la propiedad”, señaló Romero.
Agregó que los abuelos comenzaron a llegar a la casa por iniciativa de su marido que se conmovía al verlos en las calles, desamparados.
“Mi marido vio en la casa la posibilidad de darles un techo, pero además los viejitos nos ayudaban a pagar los recibos del agua y de la luz porque no nos alcanzaba la plata”, reveló la mujer.
Ella admite que ya perdió la pertenencia del inmueble, pero no le parece justo que “vayan a botar” a la calle a los abuelos.
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Sobre la orden de desalojo, este medio conoció que es la novena vez que la diligencia no se desarrolla en los últimos dos años.
El abogado Enrique Arango, quien dice defender los derechos de los adultos mayores, considera que a ellos no los cobija la sentencia de desalojo.
“El fallo es contra Margarita Romero no contra los viejitos que viven allí hace 15 años, que tienen en ese lugar su vida, algunos son recicladores. Ellos no tienen donde vivir”, afirmó.
El abogado también dijo que el verdadero interés que hay sobre la casa por parte de los beneficiarios del fallo es el terreno porque está avaluado en $1.600 millones.
“Como abogado voy a pelear por un sitio digno para los abuelos por parte de la Alcaldía de Ibagué o que les paguen la posesión”, dijo Arango, quien afirmó que asumió la defensa por oficio.
Agregó que en medio del pleito fue objeto de una investigación disciplinaria que no prosperó. Lo señalaban de haber llevado los adultos mayores a la casa para impedir la diligencia.
El desenlace de esta historia se conocerá el próximo 25 de octubre, a las 10:00 de la mañana, cuando se reanude la diligencia de entrega de la casa y el desalojo de los habitantes.
