Peregrinas, por no decir menos, resultan las declaraciones de la secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía en Ibagué, Liliana Hernández, cuando asegura que “vivir en la calle es un derecho constitucional”. No parece que prestara sus oficios profesionales en representación del Estado Social de Derecho que pregona nuestra carta magna.
No sabe la funcionaria que si bien es cierto, la libertad de locomoción es un derecho fundamental, este no puede alterar las condiciones de dignidad e igualdad del individuo.
Invocando el principio de dignidad, la Corte Constitucional sostiene que las autoridades públicas no pueden tratar al ser humano como una cosa o mercancía, ni ser indiferentes frente a situaciones que pongan en peligro la vida. Sostiene el alto tribunal que el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente y en condiciones de dignidad.
Preocupan las frías e inciertas cifras de esta Secretaria, respecto de los posibles 660 habitantes de la calle que deambulan por las diferentes zonas de la ciudad, porque el ideal es que estas cifras estuvieran acompañadas de información personalizada, como por ejemplo: ¿de dónde provienen? ¿para dónde van? ¿qué las ha llevado a tomar la dolorosa determinación para asumir este modo de vida? conocer si han sido valoradas médica y profesionalmente y saber si padecen trastornos psicológicos o adicción a las drogas, por mencionar muchas de las razones que llevan a una persona a convertirse en un ser invisible para el Estado y la sociedad.
Desconsuela la afirmación de la funcionaria, de que la administración no cuenta con los recursos para acondicionar centros de atención especial para promover condiciones de vida dignas de esta población vulnerable socialmente.
Los habitantes de la calle son un paisaje mundial, pero también es cierto que en otros lugares países existen instituciones tanto de los gobiernos, como de particulares, que se encargan de rehabilitar y rescatar muchas de estas personas, que lograran retomar el rumbo de sus vidas.
La oficina de malestar social, perdón de Bienestar Social, está mostrándose indolente e insolidaria con esta población, incumpliendo principios constitucionales, entre ellos el de la solidaridad.
¿Dónde está la red de apoyo que debe tener esa Secretaría, los programas y planes de rehabilitación?, por ejemplo la salud en la calle, las campañas con la empresa privada, entre otras estrategias.
Pero definitivamente la perla de la noticia es la afirmación de la Secretaría de Bienestar, en el sentido de que a los habitantes de la calle, sólo se les presta atención cuando delinquen, por lo demás, pueden deambular sin problema, hacer sus necesidades fisiológicas en las calles, andenes y antejardines de las viviendas, pararse en las puertas de los establecimientos de comidas, dormir a la intemperie en cualquier lugar, no nos debemos preocupar y menos ocupar, porque están en uso legítimo del derecho constitucional de vivir en la calle, conforme la Secretaría de Bienestar Social en la Administración de Ibagué inhumana, corrijo humana.
Razón tiene los líderes al reclamar de la Administración mayor atención y servicios, ya que para los ciudadanos del común resulta triste e incómodo ver cómo las calles de la ciudad se convierten en inodoros públicos, el temor y el miedo que se siente en los semáforos. La sensación tan rara que se experimenta cuando uno se topa con alguien que tiene en su mirada el reflejo de la desesperanza.
Con el ingrediente de que en Ibagué, si bien la Administración no les para bolas, los ibaguereños nos distinguimos en el contexto nacional, por ser una ciudad que apoya al necesitado. Pero al largo plazo esta situación toma efecto bumerán, así lo estamos sintiendo y viviendo.
