La precaria representación política de las mujeres en las instancias de decisión de la sociedad civil sigue siendo un problema latente en Colombia. A pesar de representar el 52% de la población, no tenemos esa misma cifra en cargos de alto nivel decisorio del Estado.
Hasta la fecha son muy pocas las acciones afirmativas que se han implementado para lograr la efectiva participación de las mujeres en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público.
Hoy la vigencia de la Ley 581 del año 2000 conocida como la Ley de Cuotas que exige que al menos el 30% de los cargos del poder público sean ocupados por mujeres está en peligro de extinción.
La Ley de cuotas permite avanzar en la igualdad de representación política de las mujeres, es un primer estímulo para incrementar su participación y un reconocimiento a la discriminación histórica contra las mujeres.
Por lo tanto, su desaparición sería un retroceso y afectaría la construcción de una democracia justa e incluyente.
Es importante que los gobernantes continúen nombrando mujeres en altos cargos públicos para que nuestros intereses se vean representados, no solo por mandato de la Ley sino porque cada vez más hay mujeres formadas que cuentan con la experiencia, capacidad y liderazgo para poder ejercer estos cargos.
Aún así, esta Ley resulta insuficiente y por ello no solo debe mantenerse sino también aumentar gradualmente la cuota de género hasta llegar a un 50%.
Asimismo, el Estado debe realizar mayores esfuerzos por garantizar su pleno cumplimiento.
En el caso del Departamento del Tolima, la Gobernación ha cumplido con la Ley contratando el 46% de mujeres en cargos de Máximo Nivel Decisorio, y un 39% en Otros Niveles Decisorios.
Lo cual evidencia un compromiso del Departamento por hacer efectiva la igualdad de género.
Como complemento a la Ley 581, se crea en el 2011 la Ley 1475 que obliga a los partidos y movimientos políticos a incluir un 30% de mujeres en la conformación de listas para los cargos de elección popular y otros incentivos para fortalecer e impulsar la inclusión de las mujeres en la arena política.
Sin embargo, la disparidad continua estando muy presente. Del total de candidatos a la Cámara de Representantes en el 2018, 636 mujeres ejercieron su derecho de participación política para acceder a cargos de representación popular postulándose como candidatas, esto correspondió al 35,5% del total de candidatos.
No obstante, del total de mujeres postuladas, solo el 5% fueron elegidas, lo que indica que, por cada 20 mujeres postuladas, solo una logró la participación efectiva.
Es lamentable que se abra un debate sobre la importancia de esta Ley, cuando los logros que ha alcanzado son inmensos.
Por primera vez en 200 años tenemos la primera vicepresidenta mujer– Marta Lucía Ramírez, y un gobierno con un gabinete paritario.
Si miramos hacia atrás, en 1991 el promedio de mujeres electas a Senado y Cámara era de 7.7% mientras que en 2018 es de 20.8%.
Es erróneo pensar que es un privilegio para las mujeres, porque todavía no hay igualdad de oportunidades para nosotras, es gracias a la leyes promulgadas que se han abiertos estos nuevos espacios de participación.
