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Aunque la Fiscalía General de la Nación ha manifestado en varias ocasiones que la empresa Typsa, responsable de los estudios y diseños de los escenarios deportivos, participó activamente en el desfalco de los pasados Juegos Nacionales al entregar millonarias coimas, el Gobierno Nacional decidió hacer caso omiso a las quejas de los ibaguereños y le adjudicó el contrato por $51.500 millones para realizar la interventoría de la construcción de aulas escolares en varias regiones del país, entre ellas Ibagué.
De acuerdo con una respuesta del Ministerio de Educación a un queja enviada por el Concejo de Ibagué, el Consorcio Aulas 2016, integrado por Servinc Ltda. (37,5 %), Gutember José González Pérez (25 %) y Typsa S.A. (37,5 %) resultó ganador del jugoso contrato porque la cuestionada firma española no tiene ningún proceso o inhabilidad en entidades de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. (Ver: Piden a la Fiscalía que solicite la cancelación de la personería jurídica de Typsa en Colombia)
«Luego de una evaluación transparente y objetiva, en donde se verificaron las condiciones habilitantes de cada una de las firmas que conforman el Consorcio se pudo establecer que estas no presentaban sanciones, inhabilidades e incompatibilidades definidas en la ley y en los términos de la invitación. Habida cuenta de lo anterior, y como resultado de la evaluación fue seleccionada como contratista de interventoría de las regiones Caribe 1 y Centro Sur, siendo esta última la que incluye el municipio de Ibagué«, señala el Ministerio. (Ver documento)
La empresa Typsa fue la encargada de elaborar los estudios y diseños de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales por un valor de $11.500 millones, dinero que fue utilizado para el pago de coimas a varios testaferros del abogado Orlando Arciniegas Lagos, sindicado de ser el «cerebro» de la millonaria defraudación. (Ver: Las demoledoras pruebas de la Fiscalía en contra del enlace entre Typsa y Arciniegas)
Pero a pesar de que la Fiscalía ha mencionado que el señor Luis Rodrigo Uribe Arbeláez, exrepresentante legal de Typsa en Colombia, fue quien repartió el pago de las coimas a los testaferros de Orlando Arciniegas con el visto bueno de la casa matriz en España, para el Ministerio de Educación eso no constituye un argumento de peso para no otorgarle el jugoso contrato para realizar la interventoría de la infraestructura educativa. (Ver: Arciniegas busca nuevo ‘botín’: preacuerdo con la Fiscalía le daría solo 10 años de cárcel)
«Una vez seleccionado el proponente, durante la etapa de legalización del contrato, cada uno de los miembros del consorcio seleccionado fueron validados ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT). Este estudio arrojó un resultado satisfactorio, lo cual permitió la vinculación de cada uno de los miembros del consorcio. Por ende se procedió a la suscripción del contrato«, dice el Ministerio.
Y continúa: «Ante estos requerimientos, ninguna de las entidades indagadas ha indicado que la mencionada firma haya sido sancionada o que esté incursa actualmente en una inhabilidad como consecuencia de las actuaciones realizadas por dichos entes de control«. (Ver: Typsa niega que haya recurrido a prácticas corruptas para ganarse el contrato de estudios y diseños)
De tal manera, según el documento enviado por el Ministerio, todas las denuncias realizadas por medios de comunicación como ELOLFATO.COM, sumadas al rechazo de la Alcaldía y el Concejo de Ibagué por una posible revictimización del Municipio, es algo que al Gobierno Nacional le tiene sin cuidado.
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«Hasta no tener un argumetno jurídico válido que sustente la inhabilidad o el impedimento para que el Consorcio Aulas 2016 adelante las actividades para las cuales fue seleccionado, no es posible encargar a otra persona de realizar las labores de interventoría en la ciudad de Ibagué«, dice.
Sin embargo, para lavarse las manos, el Gobierno Nacional manifestó que se tomarán «de manera inmediata las actuaciones correspondientes» en caso de se llegasen a generar motivos que induzcan a una inhabilidad o incompatibilidad. (Ver: Typsa se declarará víctima en investigaciones por desfalco de los Juegos Nacionales)
Sigue la controversia
«Premiamos a los cuestionados, le entregamos millonarios contratos a quienes han demostrado inoperancia e irregularidades en sus procederes. Me pregunto si ser Pillo Paga, entregamos el queso para que lo cuide el Ratón», dijo el concejal del partido Conservador Carlos Portela.
«En este momento, Typsa no tiene ninguna sanción. Pero el Ministerio debe ejercer un control político. Desde que nosotros pasamos la solicitud de la cancelación de la personería jurídica de Typsa, la Fiscalía no nos ha respondido nada aunque tiene material probatorio. Lo que como administración pedimos es que el Gobierno Nacional tome medidas cautelares con Typsa hasta tanto no se esclarezca la situación«, señaló Rodolfo Salas, abogado del Imdri.
«Es lamentable porque todos estábamos a la expectativa de que el Ministerio entendiera el clamor de los ibaguereños en torno a que la firma Typsa no estuviera haciendo veeduría a estas obras, que en el caso de Ibagué estarán alrededor de los $140.000 millones. Acá lo importante es que, ante esta respuesta que no nos satisface, todos ejerzamos un control estricto al manejo de esos recursos», manifestó Camilo Delgado, presidente del Concejo Municipal.
