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Coyaima, Mariquita, Villarrica y Prado, municipios ubicados al oriente del departamento de Tolima, fueron declarados por el Ejército Nacional como territorios descontaminados de sospecha de minas antipersonal.
Hombres del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº2, intervinieron más de 91.000 metros cuadrados, logrando liberarlos de la sospecha de las trampas mortales, con apoyo de la comunidad en general.
Las áreas liberadas, hacen parte de los 37 municipios que en días anteriores se entregaron como libres de los artefactos explosivos y en donde se beneficiaron cerca de 98.000 tolimenses.
Durante los trabajos de desminado, que tardaron ocho meses, los soldados hallaron y destruyeron seis municiones sin explosionar.
Según el teniente coronel Fabián Aristizabal, comandante del Batallón de Desminado Humanitario Nº2 las labores se lograron gracias a la participación incondicional de los gobiernos locales. A su vez, señaló que con esta estrategia la comunidad recuperó los territorios de los cuales fueron desplazados desde hace varios años por el conflicto armado.
“Podemos hoy gracias a ese esfuerzo e investigación declarar esos territorios libres de contaminación y entregar a estas poblaciones ese beneficio de recuperar los derechos que les fueron vulnerados en su momento, el derecho a la vida, movilidad y el uso de sus tierras”, manifestó.
En lo corrido de 2018 van 28 víctimas
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Según las autoridades, hasta el 31 de marzo de 2018, se han registrado 11.556 víctimas por minas antipersonal y munición sin explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1232 víctimas, el mayor número en toda la historia de Colombia.
En la última década la tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año 1999. En lo corrido de 2018 se ha presentado 28 víctimas.
Esta problemática ha dejado heridas al 80 % (9279) de las víctimas y 2277 personas han fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 víctimas muere.
Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas, el 61 % han sido miembros de la fuerza pública y el 39 % restante corresponde a civiles.
