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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, informó que en los primeros ocho meses del año se iniciaron 209 procesos administrativos por abuso sexual contra la niñez en el Tolima.
La cifra, nada alentadora, lo ubica entre los 15 departamentos con más casos de violencia sexual contra niños y adolescentes este año en el país.
El organismo informó que los 209 procesos administrativos en el Tolima los abrió entre los meses de enero y agosto para restablecer los derechos de menores víctimas de abuso sexual. La cifra resulta preocupante porque sin contar los cuatro meses que hacen falta en el registro del Icbf, el número podría superar los 277 casos reportados por el organismo en todo el 2017.
Las estadísticas hacen parte de un informe dado a conocer por el Icbf para sensibilizar a los colombianos sobre la grave problemática y el riesgo al que están sometidos los niños y adolescentes del país y la necesidad de endurecer las penas contra los responsables. De acuerdo con la directora de la entidad, en total son 9.102 procesos iniciados en el territorio nacional.
«Esto resulta preocupante pues los casos van en aumento en comparación con el año anterior. Entre enero y agosto de este año, el Icbf ha venido atendiendo un promedio de 38 casos diarios de abuso sexual contra menores de edad, muy superior a los 31 casos que en promedio atendió cada día durante 2017», explicó Pungiluppi.
De acuerdo con la funcionaria, la ciudad de Bogotá es la que más casos de abuso sexual registra con 2.245 procesos, seguida por los departamentos del Valle del Cauca (946), Atlántico (569), Cundinamarca (553), Magdalena (389), Huila (350), Bolívar (314), Cesar (312), Córdoba (304), Antioquia (297) y Nariño (229).
Asimismo, el departamento del Cauca registró 223 casos, Boyacá (222), Tolima (209), Caldas (204), Quindío (196), Sucre (185), Caquetá (179), Meta (154), Risaralda (151), La Guajira (143), Santander (140), Casanare (139), Norte de Santander (109), Putumayo (87), Chocó (84), Arauca (58), Amazonas (43), Guaviare (27), Guainía (17), Vaupés (9), San Andrés (8) y Vichada (7).
“La legislación colombiana contempla penas de hasta 60 años de prisión para los responsables de abuso sexual en contra de la niñez. El artículo 199 de la Ley 1098 de 2016, establece la pérdida de beneficios jurídicos para estos casos. A pesar de ello, hay casos en los cuales las sanciones se aplican con penas irrisorias”, explicó la directora del ICBF.
En ese sentido, la funcionaria aseguró que es necesario contar con sanciones ejemplarizantes para los delincuentes que cometan estos crímenes contra los menores de edad y puso de ejemplo la propuesta de la cadena perpetua para los responsables de estos delitos.
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“El Icbf respalda el compromiso y liderazgo del presidente de la República, Iván Duque, respecto a la medida de cadena perpetua para abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Creemos que es una pena ejemplarizante, sin embargo, debe venir de la mano de otras medidas como fortalecer el aparato judicial”, indicó Pungiluppi.
No obstante, la directora resaltó que si bien no es la única medida para combatir estos abusos, si permitiría alejar a los violadores de los niños del país. «Para que el endurecimiento de las penas contra los violadores de menores de edad sea efectivo y se logre reducir de manera significativa la impunidad, el Icbf considera necesario fortalecer el aparato judicial».
Por otro lado, la directora destacó la importancia de la corresponsabilidad por parte de las instituciones y de la sociedad para evitar estos casos y pidió a los ciudadanos seguir denunciando estos abusos a través de la línea 141.
Además, resaltó que la mayoría de los casos de abuso sexual se presenta en los entornos más cercanos a los niños, ya que según Medicina Legal los mayores victimarios están dentro de la familia con el 46,2 % de los reportes, mientras que el 22 % son personas cercanas.
“La apuesta del ICBF en los próximos años será fortalecer todos sus programas para que las familias se consoliden como las primeras garantes de los derechos de la niñez y sus verdaderos entornos protectores. Vamos a liderar el trabajo de prevención y garantía de los derechos para romper el ciclo de vulneración en aquellos casos que el Instituto haya intervenido para restablecer los derechos de un menor de edad”, manifestó Pungiluppi.
