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La Superintendencia de Servicios Públicos confirmó -en última instancia- la ‘descertificación’ del Municipio de Ibagué por no proporcionarle al Ministerio de Vivienda la información que exige sobre las inversiones hechas en la ciudad con recursos de la Nación.
Esta sanción significa que el dinero que transfiera de ahora en adelante el Gobierno por concepto de saneamiento básico y agua potable para el Municipio de Ibagué no serán ejecutados por el Ibal sino por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat.
La noticia generó una dura reacción del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien viajó esta madrugada a Bogotá para buscar que la Superintendencia de Servicios Públicos eche para atrás la medida, porque no está dispuesto a permitir que el gobernador Óscar Barreto -su enemigo público y contradictor político- le administre más $8.000 millones que le gira la Nación.
Luis H. generó el problema
La ‘descertificación’ del Municipio de Ibagué la provocó el investigado exalcalde Luis H. Rodríguez. Su cuestionada administración no proporcionó a tiempo información sobre el pago de subsidios correspondientes al año 2014, no cumplió con la puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) y no aplicó la estratificación definida por el Departamento Nacional de Planeación. (Ver resolución de la primera sanción de la Superservicios)
El Ministerio de Vivienda, que hace seguimiento a la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, reportó este incumplimiento a la Superintendencia de Servicios Públicos. Esta última entidad, facultada para imponer las sanciones, procedió a ‘descertificar’ al Municipio de Ibagué el 28 de septiembre de 2015. (Ver: Por negligencia del Ibal, Superservicios ‘descertificó’ a Ibagué)
Jaramillo no defendió correctamente al Municipio
Después, en el año 2016, la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo debió asumir la defensa del Municipio de Ibagué y tuvo la oportunidad de subsanar los errores dejados por su antecesor pero no lo hizo correctamente.
Así lo advirtió la Superintencia de Servicios Públicos, en su respuesta a un recurso de reposición que interpuso la administración municipal para evitar la drástica sanción.
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Resulta que la defensa de la Alcaldía de Ibagué la asumió la abogada María Barbosa Gómez, pero esta profesional nunca le proporcionó a la Superservicios el poder que la acreditara como tal.
En razón a esto, el ente de control le envió varios oficios a la señora Barbosa pero nunca obtuvo respuesta. Como última instancia, la Superintendencia le hizo el requerimiento por escrito al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, el 17 abril del presente año, pero también guardó silencio.
«El Despacho aunque con ánimo garantista requirió en varias oportunidades a la señora Barbosa Gómez y ofició al Alcalde Municipal de Ibagué con el fin que aportara el poder que legitimara a la abogada para interponer el recurso de reposición radicado bajo los Nos. 20165290859982 y SSPD 20165290860252 del 15 y 16 de diciembre del 2016, ello no fue llevado a cabo por el ente territorial ni por esta última, toda vez que el poder que aportó en repetidas oportunidades no la acreditó para actuar dentro de la presente actuación administrativa«, dice la resolución de la Superservicios. (Ver resolución)
Ahora, habrá que esperar si el alcalde Jaramillo logra reversar la sanción Superintendencia de Servicios Públicos, aunque seguramente le dirán que la decisión ya está en firme y tuvo 20 meses para defenderse en el proceso.
