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El contrato más costoso que pretende adjudicar la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, hasta el momento, encendió las alarmas por algunas similitudes encontradas con los procesos licitatorios de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, montados por el condenado abogado Orlando Arciniegas Lagos.
Un grupo de abogados expertos en contratación pública –que no se conocen entre sí- y dos reporteros de ELOLFATO.COM revisaron uno a uno los documentos de la licitación pública por medio de la cual el gerente del Ibal, Alberto Girón, pretende contratar “la construcción de la primera etapa de la segunda fase del acueducto complementario de la ciudad de Ibagué”, proyecto que tiene un costo de $27.244.800.906.
Del análisis surgieron: documentos públicos ocultos, sutiles exigencias que ‘amarrarían’ el contrato, renuncias sorpresivas de funcionarios del Ibal que participaron en el montaje del proceso, presuntas inconsistencias en las licencias y permisos ambientales, y casuales reencuentros de personas que estuvieron involucradas en el polémico contrato de los tubos comprados por la empresa en diciembre del año 2009, por $10.000 millones.
Documentos públicos ocultos
Desde el 1 de noviembre, diferentes firmas de ingeniería del país presentaron ante la Secretaría General del Ibal observaciones al proceso. Por ejemplo, exigían eliminar aspectos relacionados con la experiencia del personal que debía ser contratado para la ejecución del proyecto, formularon inquietudes sobre los cálculos financieros de la obra, y pidieron aclaraciones respecto a las licencias ambientales de la misma.
Precisamente, uno de los interesados que solicitó claridad sobre los permisos ambientales no logró una respuesta del Ibal y tuvo que acudir a la Procuraduría General de la Nación.
Fue así como la procuradora provincial de Ibagué, Ligia Agilar, le envió el oficio 5204, el día 9 de noviembre pidiéndole al gerente del Ibal, Alberto Girón, que tuviera en cuenta las observaciones del interesado Santiago Zartha.
“Encuentra este Despacho, que si bien el memorial signado por el señor Zartha sería en principio extemporáneo, se efectúan observaciones a los pre pliegos que deberían obtener pronunciamiento de parte del I.B.A.L., en procura de que se otorgara mayor puntualidad y seguridad al proceso de selección, así como que se evidencie el cumplimiento puntual del principio de planeación”, dice el oficio.
Este documento, misteriosamente, no aparece publicado ni en el portal de contratación del Estado (Secop) ni en la sección de contratación de la página web del Ibal. (Ver documento oculto)
¿Contrato ‘chaleco’?
El contrato para la construcción de la primera etapa de la segunda fase del acueducto alterno estaría ‘amarrado’.
Los abogados consultados por esta redacción sostienen que la experiencia específica definida en los pliegos de condiciones “limitaría” la participación de oferentes, como ocurrió en los contratos de los Juegos Nacionales de 2015.
“El veneno de la licitación está en que piden haber ejecutado mínimo dos contratos de obra, pero uno de esos contratos debe ser de $27.244.800.9806 o más. ¿Quién en el Tolima puede tener entre sus contratos alguno de ese valor? Ni siquiera, si se juntaran los ingenieros más reconocidos de aquí (Tolima), podrían participar. Ese contrato es para un contratista duro, de afuera, porque las exigencias financieras también son altísimas”, aseguró uno de los expertos, que pidió omitir su nombre para evitarse problemas con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y su gerente del Ibal, Alberto Girón.
Casualmente, estas ‘sutiles exigencias’ parecen calcadas de las licitaciones que estructuró Orlando Arciniegas en 2015, en las que impuso requisitos altos en cuanto a experiencia y músculo financiero, para que los contratos quedaran en manos de firmas españolas como Typsa y el grupo Ortiz, uno de los integrantes del Consorcio Unidad Deportiva de la calle 42.
“Pero mire el contrasentido de la licitación: piden que el interesado haya tenido un contrato de obra de $27.000 millones, que tenga en caja por lo menos $10.000 millones para arrancar el proyecto, pero le darán un anticipo –nada más y nada menos- del 30 %. Eso es muy raro. Recuerde que los famosos contratistas de los Juegos Nacionales no tenían ni para pagar las estampillas”, agregó la fuente.
Renuncias sorpresivas
Otros hechos extraños han rodeado esta polémica licitación. Dos altos funcionarios del Ibal, que participaron activamente en el proceso, decidieron renunciar.
ELOLFATO.COM pudo establecer que Rafael Hernández, secretario General del Ibal, y Carlos Fernando Gutiérrez, director de Planeación de la empresa, fueron apartados del proceso, y el gerente Alberto Girón aceptó sus cartas de renuncia.
Resulta que Hernández era pieza clave de la licitación porque él debía revisar todo el componente jurídico del contrato y Gutiérrez, a su vez, era en el encargado de presidir el comité evaluador del proceso.
De acuerdo con los documentos publicados en el Secop, el exsecretario General y el exdirector de Planeación se cruzaron oficios hasta el día 10 de noviembre. En el último documento, el ingeniero Gutiérrez le pedía al abogado Hernández ampliar el plazo para contestar las observaciones, incluida la que envió la procuradora Ligia Aguilar, y que no fue publicada por el Ibal. (Ver documento)
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Después de ese día, los funcionarios salieron de la nómina de la empresa.
Otro detalle hallado por este portal, que no es menor, es que el exsecretario general Rafael Hernández le dio su visto bueno solamente al aviso de convocatoria, emitido el 27 de octubre de 2017, pero su firma no volvió a aparecer en las revisiones legales. (Ver aviso de convocatoria)
De ahí en adelante, documentos como el estudio de necesidad fueron firmados por María Victoria Bobadilla, a quien Girón encargó de la Secretaría General. (Ver estudio de necesidad)
Licencias ambientales
El columnista de este medio de comunicación Eduardo Bejarano denunció -el 21 de noviembre- que el proyecto que pretende contratar el Ibal no tendría en orden las licencias y permisos ambientales, tal y como ocurrió con los Juegos Deportivos Nacionales de 2015. (Columna: «Urgente, modelo Typsa se toma el Ibal)
Recordemos que Orlando Arciniegas montó dichos procesos sin contar con las licencias de construcción y los permisos que debe conceder Cortolima. Así se denunció el 14 de enero de 2015, en el artículo: Aparecen sombras en licitación de obras de Juegos Nacionales.
Una vez se hizo pública la denuncia de Bejarano, el Ibal montó en el portal de contratación una licencia ambiental expedida por Cortolima el 13 de febrero de 1997, hace 20 años. (Ver licencia ambiental)
Este portal buscó al director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, para que explicara si esa licencia está vigente o si deben actualizarla, pero no fue posible una entrevista con él.
Reencuentros casuales
Resulta que tras la salida del abogado Rafael Hernández, el gerente del Ibal, Alberto Girón, decidió rápidamente encargar de esta dependencia -vital para la contratación- a la abogada María Victoria Bobadilla.
Ella fue la persona indicada, entre todos los directivos del Ibal, para liderar la controvertida licitación, tal vez por la duradera relación de amistad y profesional que hay entre los dos.
Revisando en los archivos del Ibal, fueron Alberto Girón, como gerente, y María Victoria Bobadilla, como secretaria general, quienes adjudicaron el investigado contrato para la adquisición de una tubería, por mas de $10.000 millones, en el año 2009, durante la administración del exalcalde Jesús María Botero, quien separó del cargo al ingeniero Girón y a la señora Bobadilla. El primero fue declarado insubsistente y la segunda renunció. (Ver contrato de los tubos de 2009)
Los tubos, adquiridos por los dos funcionarios, están abandonados en un lote ubicado en el sector de Coello – Cocora, hace casi ocho años, justo en el mismo lugar donde el alcalde Jaramillo lanzó su campaña y prometió que la transparencia regresaría a la ciudad en su mandato. (Ver: En uno de los ‘altares’ de la corrupción de Ibagué, Jaramillo anunció su candidatura a la Alcaldía)
